Siete universidades exigen soluciones para contratar nuevos profesores

El Grupo 7, que reúne a las Universidades de Aragón, Baleares, Pública de Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria, y Oviedo, más Extremadura, que se ha sumado al grupo, decidió ayer en Zaragoza remitir un escrito al secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, para que dé respuesta urgente y soluciones a la contratación de profesores, un capítulo para el que, desde la entrada en vigor de la LOU, no hay un modelo legal establecido. Los rectores tienen que resolver la contratación de nuevos docentes para el segundo cuatrimestre de este año. El vacío legal, a falta del desarrollo de la LOU, plantea problemas incluso para cubrir las bajas por enfermedad.

El rector de la Universidad de Extremadura, Ginés Salido, explicó ayer que la LOU indica que serán las autoridades competentes, entre ellas las autonómicas, las encargadas de legislar sobre el tipo de contratos, pero como éstas no tienen apenas competencia en esta materia los rectores se encuentran ante un vacío que hay que solucionar.

Salido añadió que su universidad ha frenado el proceso de contratación de medio centenar de profesores por ese motivo.

El problema surge con la entrada en vigor de la LOU, el pasado 14 de enero, y el establecimiento de una moratoria de seis meses por parte del Ministerio de Educación para ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas sobre el sistema de contratación.

'Falso debate'

Los rectores reunidos no quisieron pronunciarse sobre la posibilidad de implantar exámenes de reválida. Lorenc Huget , presidente del Grupo 7 y rector de la Universidad de Baleares, aseguró que es un falso debate: 'Es la metodología de este ministerio, saca un tema, intenta debatirlo, pero el debate de fondo es la calidad; éste [la reválida] es un falso debate y no queremos entrar en él. Mientras no haya un proyecto de ley firmado por la ministra el debate es estéril e intencionado'. Sobre los contratos de profesores en la Universidad sí dijo que los rectores 'quieren contar con la seguridad jurídica de que lo que están haciendo está de acuerdo con la ley y con los derechos de los trabajadores'.

Uno de los acuerdos de la reunión, en la que estuvo ausente el representante de la Universidad de Cantabria aunque se adhirió a los acuerdos, fue la creación de una certificación académica electrónica para aquellos del grupo que cursan asignaturas comunes a través de la Red. Una iniciativa que quieren extender a todo el ámbito universitario del país.

Las universidades de este grupo ya imparten hasta 18 asignaturas a sus alumnos a través de Internet. Para extender la idea al resto de España y a Europa creen que es necesaria esa certificación que posibilitaría el pago de tasas y el intercambio de datos tales como expedientes académicos. Huget ha pedido también la participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el proyecto.