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Editorial:

Barcelona, indignada

Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona que habían experimentado un gran crecimiento demográfico carecían en los años cincuenta de recursos económicos y, sobre todo, de un modelo de gestión apropiado. El alcalde de Barcelona Josep Maria Porcioles logró convencer en 1960 al Gobierno de Franco para que dictase una ley reconociendo un régimen especial para Barcelona. Tres años después, Madrid obtuvo también la suya. Ambas normas dotaban a las dos capitales de recursos para modernizar sus míseros servicios públicos de acuerdo con el desarrollo y crecimiento de la riqueza privada que experimentaba el país y para establecer un sistema de gestión más eficiente.

Desde entonces ambas ciudades han ganado peso en la vida política, económica y cultural del país y un creciente protagonismo en la esfera internacional. Ello ha implicado también nuevas necesidades tanto de recursos como de competencias para atender a los nuevos desafíos de seguridad, justicia, tráfico, urbanismo, vivienda, enseñanza y servicios sociales. Recursos y competencias de los que, de una forma u otra, gozan otras grandes ciudades del mundo. Sin embargo, el nuevo marco del Estado autonómico dejó pendiente de desarrollo y actualización el régimen especial de ambas ciudades, cuyas competencias quedaron repartidas entre el Gobierno central y las autonomías.

Barcelona precisó 12 años para que el Gobierno de Pujol y el Parlamento catalán aprobasen finalmente su Carta Municipal en 1998, aunque su grado de efectividad sigue siendo muy limitado y deficiente por ausencia de voluntad del Gobierno autónomo y por la falta de recursos financieros, que dependen de los cambios legales que debe promover el Gobierno central.

El Ejecutivo no ha mostrado diligencia en atender las demandas de Barcelona, que afronta serios problemas de seguridad, equipamientos y vivienda. Quizá por cortoplacismo: los problemas mellan al gobierno municipal, de 'izquierda plural'. Los ministros Pío Cabanillas y Jesús Posada rechazan ahora, escudándose en la Constitución, la Carta Municipal que el PP catalán apoyó. Se les ve el plumero, porque fueron los propios expertos del Gobierno, apelando a la doctrina del Tribunal Constitucional, quienes hace cuatro meses interpretaron que la facultad de obtener derechos especiales de Madrid y Barcelona es acorde con la Constitución. Pero esa frivolidad está indignando a toda Barcelona, desde su alcalde, el socialista Joan Clos, hasta los concejales del PP.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de febrero de 2002