El Consell prevé suprimir la reserva de plaza

La decisión de Eduardo Zaplana, anunciada hace un año, de adoptar iniciativas para paliar la precariedad laboral de los empleados públicos, que la doctrina oficial prefiere reducir a temporalidad, se ha traducido hasta la fecha en grandes declaraciones ante diversos foros, pero la ausencia de convocatorias de empleo público impide cualquier cambio sustancial.

Los problemas en el seno del aparato de la Generalitat responden al interés del Consell del PP por mantener en la cuerda floja a buena parte de los altos cargos para garantizarse su fidelidad y para colocar a directivos afines en puestos de responsabilidad. Pero también es producto de una inercia perversa que se ha extendido como uso habitual

Asumir una plaza en comisión de servicio y recibir la correspondiente mejora salarial es una forma cómoda de eludir la presión que supone someterse a un concurso de méritos.

'El sistema de méritos no gusta, por eso ha estallado el aparato', sintetiza un alto funcionario al servicio de la Administración del Estado, que invoca la independencia profesional y de criterio que supone 'no deber nada a nadie' cuando uno ejerce su trabajo al servicio de los ciudadanos.

Una fuente de la Consejería de Administración Pública sugiere que la futura ley de Función Pública permitirá resolver gran parte de los problemas que se han enquistado en el aparato de la Generalitat. Pero admite que los documentos que maneja el Consell deben someterse a toda una serie de filtros antes de llegar a las Cortes, un paso que debe producirse antes de fin de año, pero difícilmente antes.

Una de las propuestas que prevé introducir el Consell en la nueva ley de función pública es la supresión de la denominada reserva de puesto. En la actualidad, los funcionarios designados provisionalmente en una plaza que no tienen en propiedad a través de la comisión de servicios tiene la garantía de que volverán a su puesto una vez satisfechas las necesidades, supuestamente temporales, que aconsejaron su traslado. Pero la nueva ley prevé suprimir esa garantía y sólo establece el retorno a un puesto de la misma categoría.

La propuesta pretende evitar que las comisiones de servicio se arrastren en orden descendente cada vez que se traslada a un funcionario.

Pero en paralelo, los primeros borradores que se conocen de la nueva norma prevén la creación de una nueva figura, el denominado directivo público, que supone una apuesta por la elección de altos cargos en razón de la confianza política muy por encima de los méritos profesionales.

Por el momento, el texto sólo establece que los directivos públicos podrán ser designados entre profesionales de prestigio ajenos al aparato administrativo para tareas determinadas en razón de su perfil profesional.

Pero las supuestas condiciones objetivas que establecerán la adecuación del perfil de los profesionales a los puestos que deben ocupar evoca la situación actual de la Generalitat, donde una cuarta parte de los jefes de servicio han sido designados a dedo y deben su posición a la confianza de sus superiores políticos.

Los propios representantes sindicales de los empleados públicos mantienen posiciones divergentes en torno a la posibilidad de consolidar plazas ocupadas temporalmente, aunque sólo en los niveles inferiores de la Administración. Mientras la FSP de UGT apuesta por la proliferación de los denominados 'puestos barrados', es decir, por elevar a empleados de categoría D a cargos de categoría C, la paralela federación de CCOO rechaza cualquier vía de promoción al margen de las previstas en la ley.

Y mientras los sindicatos discrepan en torno a las posibilidades de promoción en los escalones inferiores de la Generalitat, el Consell del PP se rodea de altos cargos afines a través de la libre designación o mediante comisiones de servicio.