Cabanillas duda de que la ley especial para Barcelona sea constitucional

El ministro portavoz, Pío Cabanillas, atribuyó ayer la negativa del Gobierno a aprobar la Carta Municipal de Barcelona a que esa medida política 'pudiera ser de dudosa constitucionalidad'. Cabanillas informó que el Gobierno ha consultado a expertos juristas sobre la posibilidad de elaborar una 'ley específica para las grandes ciudades' y han concluido que en la Carta Magna no hay fundamento jurídico para tal decisión política.

El ministro portavoz respaldó ayer la posición que el titular de Administraciones Públicas, Jesús Posada, defendió el pasado miércoles en el Senado en contra de una ley específica para Barcelona que le otorgaría a esta ciudad unas competencias especiales, pero favorable a una Ley de Grandes Ciudades en la que podrían entrar, además de la capital catalana y Madrid otras grandes urbes con problemas similares. Posada dijo también que una ley sólo para Barcelona no resuelve los problemas de las grandes ciudades.

La Carta Municipal de Barcelona, aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas del Ayuntamiento en julio de 1997 y convertida en ley por el Parlamento catalán el 29 de diciembre de 1998, otorga a la ciudad unas competencias específicas o fuero especial en materias como financiación, seguridad, justicia, tráfico y urbanismo, un conjunto de poderes dispersos en diferentes ámbitos del Estado, incluida la Generalitat. De ahí las reticencias del Gobierno de CiU, que se tradujo en aquella votación de la Cámara catalana en una simbólica ausencia del presidente Jordi Pujol. Las nuevas competencias para Barcelona requieren la modificación de leyes generales y, por tanto, deben ser aprobadas por el Congreso.

El ministro portavoz planteó como alternativa, tras el rechazo a la ley específica de Barcelona, que 'se pueden utilizar otro tipo de mecanismos desde un punto de vista práctico para conseguir gran parte de aquellos objetivos que algunos parecen deducir de este tipo de leyes'. Cabanillas, a modo de aclaración, dejó a salvo la Ley de Capitalidad que afecta a Madrid, aunque el ministro de Administraciones Públicas ya anticipó en el Senado que esta ley, dependiente de la Comunidad de Madrid, no se promulgará en los próximos meses.

- Plan de Cooperación Internacional. El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta del Plan anual de Cooperación Internacional para 2002, que asciende a 1.443,4 millones de euros (unos 240.000 millones de pesetas), de los cuales 265,59 millones de euros (unos 44.190 millones de pesetas) corresponden a la cooperación descentralizada, es decir, la realizada por las comunidades autónomas (174,47 millones de euros) y entidades locales (91,11 millones de euros). Los objetivos específicos de este plan son fomentar las condiciones para el logro de un desarrollo sostenible y autosostenido a partir de las propias capacidades de las poblaciones beneficiarias; promover la igualdad entre hombres y mujeres; favorecer la consolidación de los regímenes democráticos; fomentar la integración de los países en desarrollo en la economía mundial; prevenir y atender situaciones de emergencia en los países en desarrollo e impulsar el desarrollo cultural y la relaciones culturales de España con los países en desarrollo.

- Nombramientos. Defensa. Fernando Mosquera Silven ha sido promoviso al empleo de teniente general y designado jefe del Mando Aéreo del Estrecho. Hacienda. José Miguel Martínez Martínez ha sido nombrado director general de Loterías y Apuestas del Estado. Sanidad y Consumo. Fernando Vicente Fuentes, nuevo director general de recursos Humanos y Servicios Económicos-Presupuestarios.