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Interior rechaza la petición vasca de 200 policías más

Rajoy relaciona el fracaso en la negociación con la falta de acuerdo en el Concierto Económico

El secretario de Estado de Seguridad, Pedro Morenés, y el viceconsejero de Seguridad, Mikel Legarda, no pudieron ayer acordar en la Junta de Seguridad celebrada en Vitoria una fórmula de financiación para ampliar en 200 agentes la plantilla de la Ertzaintza, fijada ahora en 7.500 policías. La consejería que dirige Javier Balza aseguró en una nota que la negativa del Gobierno central a financiar la ampliación (unos 9,6 millones de euros) de la policía vasca compromete la 'seguridad y eficacia' de los ertzainas y afecta 'gravemente los niveles de seguridad de la sociedad vasca en su conjunto'.

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Frente a esta versión, el ministro portavoz, Pío Cabanillas, resaltó que los puestos de la Ertzaintza no se cubrieron en las oposiciones. Se refería a la incapacidad de Interior para encontrar policías para las 281 vacantes de la última promoción, ya que sólo se cubrieron 232

En la reunión que mantuvieron en Madrid el 22 de enero los dos máximos responsables de Interior, Mariano Rajoy y Javier Balza, cruzaron los números sobre las necesidades de plantilla y las horas extraordinarias que las diferentes policías habían tenido que realizar. En el caso de la Ertzaintza, el año pasado acabó con 721.000 horas de más. Rajoy reconoció ante el consejero vasco el problema al que se enfrentaban ya que la oferta pública de empleo que le habían autorizado -una ampliación de 3.100 agentes para toda España- tampoco era la solución. Esto fue aprovechado por Balza, según fuentes conocedoras de la reunión, para reiterar su petición de 200 ertzainas más, aunque Interior cifra sus necesidades en 500 más mientras exista ETA. En todo caso, la nueva promoción no estaría en la calle hasta dentro de año y medio, de modo que tampoco 'resolvería los problemas de Seguridad', como recordó ayer Comisiones Obreras.

Quién financia

Pero el problema, según Rajoy, es quién financia la ampliación. La petición fue trasladada al Ministerio de Hacienda y Cristóbal Montoro, que para entonces no había recibido ninguna señal desde el Ejecutivo vasco para reanudar la negociación del Concierto, pidió tiempo para estudiarla. Por ese motivo se aplazó la reunión de la Junta de Seguridad del 25 de enero. Esta semana, por contra, el Gobierno vasco aceptó sacar del Concierto la presencia en la Unión Europea para desbloquear la negociación.

Históricamente ha sido práctica habitual en todas las Juntas de Seguridad en Euskadi, según recordaban ayer fuentes socialistas, que sólo se convocase a este órgano bilateral cuando el acuerdo estaba asegurado. Esta misma semana, el propio Rajoy había dicho que comprendía la petición de Balza.

La razón es evidente: la presión terrorista de ETA ha obligado a desviar a ambas administraciones un número de agentes muy elevado a escoltar a amenazados. Y en el caso vasco, el problema es mayor, porque este año ha entrado en vigor el acuerdo de la jornada de 35 horas (1.592 horas al año). Sólo en Seguridad Ciudadana, la reducción de ertzainas ha sido del 20%.

Por eso sorprendió ayer en Euskadi la negativa de la Administración central a la ampliación y el hecho de que se mantuviera la reunión, en la que sí se acordaron políticas de coordinación de las tareas de escoltas y la euroorden. Dirigentes vascos barajaban que fuera una baza más de presión en la negociación del Concierto. De hecho, fue el propio Ministerio del Interior, en una nota, quien reconoció que no hubo acuerdo porque no 'han concluido todavía las negociaciones entre ambas Administraciones para la evaluación del coste y futura financiación' de la Ertzaintza.

Balza y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, charlaron en los pasillos del Parlamento sobre la posibilidad de estudiar la legalidad de una ampliación unilateral financiada por las arcas vascas. Algo que, amén de las dificultades legales, choca con el hecho de que los presupuestos de Interior están prorrogados. Balza reconoce que el desacuerdo compromete, además, 'la seguridad y eficacia de los propios agentes', con los que tiene un acuerdo sobre Seguridad pactado con los sindicatos en noviembre.

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