El Pacto Local
La ponencia El Estado del siglo XXI aprobada por el XIV Congreso del PP incluye un epígrafe dedicado a 'la segunda descentralización', entendida como nuevo proyecto de distribución territorial del poder realizada esta vez no en favor de las comunidades autónomas, sino en beneficio de los municipios y las provincias. Los ponentes Pilar del Castillo y Gabriel Elorriaga justifican su propuesta con el argumento de que el espectacular desarrollo del Estado de las autonomías durante las dos últimas décadas no ha tenido un reflejo equivalente en el nivel de la Administración local, que mantiene prácticamente inalterada la configuración legal de su ámbito competencial y el peso relativo de su participación en el gasto público. No existe, a juicio del PP, subordinación jerárquica de los entes locales respecto a las comunidades autónomas: el artículo 137 de la Constitución, que organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas, añade que 'todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses'. El reequilibrio debe correr a cargo de las comunidades autónomas mediante el traslado de competencias a los municipios y las provincias.
En su discurso de clausura del XIV Congreso, el presidente del Gobierno y del PP ofreció a los socialistas 'un gran acuerdo entre los dos grandes partidos' para poner en marcha esa segunda descentralización. Cualquiera que fuera su propósito último, la mano tendida a Zapatero por Aznar ha sacudido el avispero de los temores nacionalistas, los agravios de IU y los recelos del PSOE. Los portavoces parlamentarios de CiU y el PNV salieron inmediatamente a escena para descalificar la propuesta popular como una maniobra hostil dirigida contra las autonomías, en general, y las comunidades gobernadas por los nacionalistas catalanes y vascos, en particular. Las torpes presiones del PP para que CiU aceptase la entrada en el Gobierno de Aznar y la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impone a las comunidades el déficit cero habían alimentado durante las últimas semanas la irritación de Pujol; el partido de Arzalluz, en cambio, no necesitaba más combustible para calentar motores. El airado rechazo por los nacionalistas de cualquier traspaso de competencias de las autonomías a los municipios ha sido descrito por Jesús Caldera, portavoz parlamentario del PSOE, como una muestra de 'rancio centralismo'.
Sin embargo, tampoco los socialistas han saltado de contento ante la oferta, tal vez hartos de que los populares sigan saqueando -antes fue el patriotismo constitucional- su patrimonio ideológico: el municipalismo siempre ha sido una bandera del PSOE. La propuesta de Aznar llueve sobre la tierra mojada de una mala experiencia pactista: los dos acuerdos suscritos por Zapatero con el Gobierno atraviesan malos momentos. Las sobreactuadas llamadas de atención del secretario general del PP sobre el inminente incumplimiento por los socialistas del Pacto Antiterrorista parecen motivadas por el gusto de provocarlo y no por el deseo de impedirlo. Las irresponsables profecías de Javier Arenas sobre el futuro del PSOE en el País Vasco ignoran que el mero enunciado de esos agoreros pronósticos, difundidos en beneficio de los intereses electorales del PP, puede favorecer su cumplimiento.
Tampoco el Pacto por la Justicia ha disfrutado de una existencia feliz, si bien los socialistas tienen en este caso buena parte de la responsabilidad por la atolondrada mezcla de ingenuidad, oportunismo e incompetencia con que negociaron el acuerdo con el Gobierno. La conformidad dada por el PSOE al sistema de cuotas, que faculta a los partidos para nombrar vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en función de su represesentación parlamentaria (una fórmula contraria al espíritu de la norma según el propio Tribunal Constitucional), fue agravada por su visto bueno -a la vez candoroso y clientelista- a los casilleros en blanco, rellenados por cada formación a su entero capricho. La entregada aceptación por los socialistas de Francisco Hernando -un beligerante y sectario servidor del Gobierno- como presidente del CGPJ sirvió de remate a su patética y desastrosa negociación.
