El Gobierno reserva para las pensiones sólo la mitad del excedente de la Seguridad Social

A pesar de la urgente recomendación de Bruselas al Gobierno para que consolide las pensiones, el Ejecutivo destinó menos de la mitad del superávit de la Seguridad Social al fondo de reserva creado para tal uso. En total se han destinado 1.803 millones de euros (unos 300.000 millones de pesetas) frente al excedente de 4.500 millones que, según las estimaciones, registró la Seguridad Social en 2001. El dinero sobrante se destina a cubrir déficit del Estado. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, aseguró que las empresas que despidan antes de vacaciones para contratar después serán sancionadas.

Los ingresos de Seguridad Social mantienen una situación de bonanza. El secretario de Estado del ramo, Gerardo Camps, adelantó ayer que el superávit de 2001 rebasa 'muy mucho' a la previsión, que se estimaba en un 0,5% del producto interior bruto (600.000 millones de pesetas, 3.600 millones de euros). Camps no concretó la cifra, porque hasta marzo no se conocerá la liquidación oficial, pero otras fuentes de la Seguridad Social avanzaron que el superávit se va a situar en torno a 4.500 millones de euros (unos 750.000 millones de pesetas).

Pese a la llamada de atención de la Comisión Europea, el Gobierno no va a destinar ese excedente en su integridad al Fondo de Reserva de las pensiones, sino que lo va a dedicar a cubrir déficit del Estado y así rebasar el equilibrio presupuestario. Del superávit de 4.500 millones, en 2001 se dotó al fondo con 1.803 millones de euros (300.000 millones de pesetas), que se suman a los 601 millones de 2000 y los 1.051 presupuestados para 2002. Al final de este año contará con 3.455 millones de euros (573.500 millones de pesetas), cantidad cercana al coste de una mensualidad de pensiones que la Comisión Europea considera escasa y por ello la semana pasada instó al Ejecutivo español a ser 'más generoso'.

Caída en enero

Pese a la buena evolución general, en trabajadores afiliados, la Seguridad Social ha sufrido un bache en enero, con una caída de 21.186 cotizantes (cifra menor a la caída de 32.146 registrada en enero de 2001 y a la media de los últimos 15 años en ese periodo, situada en 58.000 personas). Pese al descenso de enero, el incremento interanual se mantiene en el 3,44%. Según los datos adelantados por Camps, el total de trabajadores afiliados es de 15.727.566 personas.

Camps adelantó también que prepara una penalización para las empresas que, ante periodos de vacaciones, dan de baja a sus trabajadores para luego volverlos a contratar. Eso supone que trasladan al sistema público el coste del desempleo y el pago de las cotizaciones.

Las cifras de afiliados ocupados a la Seguridad Social de enero reflejan de nuevo una baja de cotizantes en el último día del mes, en este caso de 40.000 personas. Camps asegura que esa irregularidad se produce en sectores de elevada temporalidad y especialmente en la hostelería y el comercio. El descenso en el último día del mes o los viernes no le parece problemático, porque la Seguridad Social sólo pierde un día o dos de cotizaciones, pero en cambio sí le produce preocupación la caída que se produce en periodos vacacionales y que 'todos los españoles paguemos las cotizaciones' de esos trabajadores.

Trabajo analiza ese problema desde hace años y ahora elabora medidas de penalización a las empresas y los asalariados que incurran en esa práctica.

Todas las cifras mencionadas fueron facilitadas ayer en el seminario que se clausuró ayer en Lanzarote organizado por la Comisión Europea y la Presidencia española de la Unión Europea con otros Gobiernos comunitarios y expertos para debatir cómo lograr que se prolongue la vida laboral y evitar la expulsión de trabajadores de edad avanzada del mercado laboral.

Los Gobiernos han ratificado su compromiso con políticas que buscan acercar la edad real de jubilación en la UE (la media está en torno a los 62 años) con la edad legal (65 años).

Para lograrlo, los responsables de los Gobiernos de la Unión seguirán trabajando en 'suprimir los incentivos que alientan la jubilación anticipada' y en promover estímulos para la permanencia en el mercado de trabajo. Pero, como son conscientes de que así no es suficiente, consideran necesario 'un cambio cultural', de forma que 'las empresas acepten la responsabilidad social frente a sus empleados'.