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Columna
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Granada, capital del asombro

Granada, en dura pugna, fue proclamada en el Estatuto capital judicial de Andalucía, frente a la capitalidad política que recayó en Sevilla. Esta separación geográfica de poderes no ha tenido ninguna relevancia. Todos conocemos cómo se cultiva la capitalidad política pero ¿cómo se ejerce la judicial? El mutismo característico de los jueces, al que me referí en otro artículo, contrasta con la vehemencia de las discusiones parlamentarias. Esto ha conformado una capital (política) chillona y brillante y otra (judicial) seca y silenciosa. Está claro a cuál de las dos se le puede sacar más renta. Granada es, en cierto sentido, la capital de la toga y la tristeza.

Ahora bien, si la única forma en que los jueces se expresan es mediante el dictado de resoluciones, hemos de convenir que la destreza con que se ejerza la capitalidad judicial está directamente relacionada con la facundia que empleen los magistrados. Pues bien, en este sentido debemos concordar que en los últimos tiempos Granada está ejercitando ese centralismo judicial que le confiere el Estatuto. No por que tengamos la impresión de que en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se sustancien los pleitos principales, sino porque gracias a un grupo de magistrados peculiares se están produciendo desatinos de gran relevancia que han concitado el interés de propios y extraños.

Yo no sé qué ha hecho Granada para merecer tan egregias figuras: si ellas han escogido la ciudad o si han sido atraídas por el magnetismo perverso de la capitalidad judicial. Recordemos: sólo en Granada podía haber un tribunal capaz de suspender el decreto de la Consejería de Salud sobre la tenencia obligatoria de preservativos y píldoras postcoitales; sólo aquí podían prosperar unos togados capaces de anular un derecho público para salvaguardar el derecho privado de un individuo al que ni siquiera le preguntaron antes si expendía medicamentos.

Sólo en esta singular capital del juicio puede haber un presidente de una sección de la Audiencia (Eduardo Rodríguez Cano) capaz de obligar a una madre a traer de inmediato del colegio a una niña de siete años para declarar, sin abogado, en un juicio por abusos contra el padre. La supuesta indefensión y el maltrato institucional que el magistrado causó a la niña están siendo ahora investigados por Enrique Mújica, Defensor del Pueblo. En realidad, el aludido Rodríguez Cano es una auténtica mina y yo creo que incluso es el que mejor representa el estereotipo de ese estilo particular de ejercer la magistratura. Él mismo es el ponente que se ha negado a suspender el ingreso en prisión de dos médicos condenados por aborto, pese a la opinión contraria de la Fiscalía. Rodríguez Cano figura en diferentes antologías del disparate por haber acuñado aquella frase memorable sobre 'la explosión amorosa' para ilustrar las lesiones de una mujer que denunció una violación.

Réditos, lo que se dice réditos, Granada no obtiene muchos de su capitalidad judicial, pero risas, asombros y escándalos sí: tiene los graneros llenos.

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