La juez imputa a dos ex altos cargos por financiación ilegal de Unió Democràtica

La letrada dice que Unió se financió con fondos de la Generalitat

La juez instructora del llamado caso Pallerols asegura en un auto conocido ayer que un porcentaje de las subvenciones del Departamento de Trabajo de la Generalitat que recibió el empresario andorrano Fidel Pallerols para la formación de parados entre 1994 y 1998 fue dedicado a subvencionar a Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el socio de Jordi Pujol. En ese mismo auto la juez imputa a dos ex altos cargos de Trabajo y cita a declarar como testigos a cuatro militantes de UDC que supuestamente cobraron de Pallerols.

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La supuesta financiación de UDC a través de los fondos públicos que cobró Pallerols era una sospecha que planeaba hace tiempo en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, pero hasta ahora no había sido planteada como afirmación en ninguna resolución judicial. Ahora, la magistrada Silvia López Mejía relata que de las investigaciones practicadas se desprende que los imputados Fidel Pallerols y Vicenç Gavaldà, ex secretario de Organización de UDC, 'debieron contar con la intervención de los responsables del Departamento de Trabajo en la planificación, negociación y concesión de subvenciones' al grupo grupo de academias CEI, en los que se impartían cursos de formación ocupacional. Pero hay más. La juez afirma textualmente en su resolución que un porcentaje de esas subvenciones 'se destinaba a la financiación de UDC'.

Lluis Franco, consejero de Trabajo de la Generalitat y dirigente de UDC, manifestó ayer a este diario que la investigación judicial demostrará que 'no se produjo una financiación irregular' de ese partido democristiano con fondos públicos, aunque sí de 'personas aisladas'.

Fuentes judiciales explicaron ayer que la parte que se destinó a financiar a Unió es el 10% de las subvenciones concedidas a Pallerols entre 1994 y 1998. Estos pagos, además, están anotados a mano por el propio empresario en unos apuntes contables que están en el juzgado y en los que también aparecen el abono de mensualidades a cuatro militantes de UDC y al propio Gavaldà.

La documentación que evidencia estos pagos fue intervenida hace dos años, cando la Policía andorrana registró tres oficinas que tenía el empresario en aquél país. Sin embargo, hasta ahora no se había realizado el análisis pormenorizado de la documentación.

Otra prueba también intervenida, según las mismas fuentes, es una cinta magnetofónica en la que Pallerols habla con Gavaldà del pago de estas cantidades. La cinta fue escuchada el pasado 8 de enero en el juzgado y tanto Pallerols como Gavaldà negaron que las voces que se escuchaban fuesen las suyas.

Los dos ex altos cargos de Trabajo que la juez cita a declarar como imputados para el 6 de marzo son Lluís Gavaldà Casat,ex director general de Empleo y hermano de Vicenç Gavaldà, así como Joan Martín Toribio, ex funcionario de Trabajo y ex militante de UDC. Ese mismo día también declarará, pero como testigo, Dolors Llorens, subdirectora general de Empleo y que fue durante muchos años secretaria personal del líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida.

Para el 7 de marzo están llamados a declarar como testigos los militantes de Unió Albert Colomer, Susanna Díez, Emilia Català y Josep Gascón, éste último concejal de la coalición nacionalista en el Ayuntamiento de Barcelona. Los cuatro pudieron haber recibido dinero de Fidel Pallerols.

Los diputados del PSC y de ERC Josep Maria Rañé y Josep Huguet, respectivamente, coincidieron ayer en señalar que tras la resolución judicial aparece 'implicada' la Generalitat. Rañé pidió al conseller en cap, Artur Mas, que explique si sigue pensando, como dijo en su día, que el caso Pallerols es un tema privado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0031, 31 de enero de 2002.

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