La sociedad que gestiona el Maremàgum cierra el bar Caipirinha

El bar Caipirinha del Maremàgnum cerrarà sus puertas definitivamente. La sociedad Odissea 2000, que explota el complejo de ocio del Port Vell de Barcelona, anunció ayer que ha rescindido el contrato a este establecimiento, que en la madrugada del domingo impidió la entrada del ecuatoriano Wilson Pacheco, de 26 años, quien falleció tras ser apaleado y arrojado al agua. El Caipirinha ha acumulado 13 expedientes en dos años por no respetar la legislación sobre el derecho de admisión, pero no es un caso aislado: los locales del Maremàgnum acumulan 40 expedientes en dos años.

Las sanciones a los bares del Maremàgnum se limitan a multas de 100.000 pesetas

La juez ordenó el miércoles el ingreso en prisión de dos vigilantes de seguridad y un portero del complejo lúdico acusados de homicidio y la policía sigue buscando al portero del bar Caipirinha, James Anglada, al que considera responsable de haber arrojado al agua al joven ecuatoriano.

En la carta en la que comunica la rescisión del contrato del Caipirinha, Odissea 2000 recrimina al establecimiento una 'absoluta falta de control sobre la imagen y la cualificación profesional del personal a su servicio'. Por el contrario, se mantiene la concesión del bar Mojito, del mismo propietario que el Caipirinha y cuyo portero participó en la agresión.

Odissea 2000 también mantendrá, 'de momento', el contrato con la empresa privada Seguribérica, responsable de seguridad del complejo. 'No se puede evaluar toda la labor de una empresa por un hecho aislado de dos personas que posiblemente se han excedido', declaró a TV-3 el director de seguridad del Maremàgnum.

En los dos últimos años, el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto 13 expedientes sancionadores contra el bar Caipirinha por sucesivos incumplimientos de la normativa vigente sobre el derecho de admisión. El decreto de julio de 1997 de la Generalitat obliga a los establecimientos a basar los criterios de admisión en condiciones 'objetivas, públicas y conocidas', y a aplicarlos de forma igual para todo el mundo y sin ningún tipo de discriminación 'por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión'.

Sanciones

El bar Caipirinha, no obstante, no es el único local del centro Maremàgnum expedientado por no respetar las condiciones de derecho de admisión que garantiza la legislación. En los dos últimos años, el Ayuntamiento ha abierto un total de 40 expedientes sancionadores -18 en 2000 y 22 en 2001- contra centros de ocio nocturno del Maremàgnum por este motivo.

Los expertos coinciden en considerar que la cifra es inusualmente alta. En el año 2000, los expedientes sancionadores de este tipo que afectaron al Maremàgnum supusieron el 82% de todos los abiertos contra establecimientos de Ciutat Vella, distrito que concentra una gran cantidad de locales nocturnos, según datos del Ayuntamiento de Barcelona.

El Caipirinha no es el único local nocturno del Maremàgnum que ha sido objeto de sucesivos expedientes por infringir reiteradamente la normativa sobre el derecho de admisión. En los dos últimos años, el local Fiesta ha acumulado 10 expedientes; Nayandei, 8; Star Winds, 3, y Tropicana, 2, según fuentes municipales.

Además, de los ocho establecimientos nocturnos actualmente acreditados como tales en el recinto, únicamente uno -Irish Winds- no fue objeto de ningún expediente sancionador por asuntos relacionados con el derecho de admisión en 2001, según datos del Ayuntamiento de Barcelona.

Organizaciones como SOS Racismo han advertido en varias ocasiones de que algunos locales del Maremàgnum impiden la entrada por motivos racistas y la entidad se ha adherido a la manifestación que se celebrará el sábado en Barcelona en homenaje al joven ecuatoriano fallecido la madrugada del pasado domingo.

A pesar del gran número de expedientes registrados y de la reincidencia de algunos locales, el Ayuntamiento de Barcelona ha aplicado siempre las sanciones menos lesivas para las empresas afectadas: las ha multado con 100.000 pesetas. La atribución de sancionar recae en el Ayuntamiento de Barcelona desde que en 1992 asumió las 'competencias sancionadoras en relación con las infracciones administrativas de las disposiciones y las resoluciones en materia de espectáculos y actividades recreativas'.

Fuentes municipales explicaron que de los 40 expedientes sancionadores abiertos contra los locales del Maremàgnum en dos años referentes al derecho de admisión, 2 fueron archivados, 5 siguen actualmente su tramitación y 33 se resolvieron aplicando la sanción mínima que prevé la ley: 100.000 pesetas (601,01 euros).

Las sanciones están definidas en la ley del Parlament sobre espectáculos y actividades recreativas de junio de 1990, que tipifica como falta grave 'el incumplimiento de la normativa reglamentaria sobre el derecho de admisión'. Para las faltas graves se prevén sanciones económicas contra las empresas sancionadas que pueden oscilar entre las 100.000 pesetas y el millón. Además existe la posibilidad adicional de cerrarlo provisionalmente por un periodo de seis meses.

Según el Ayuntamiento, todos los expedientes sancionadores en el Maremàgnum se han cerrado siempre con una multa de 100.000 pesetas, con independencia de que algunos de los locales -como el Caipirinha- hayan llegado a acumular hasta 13 expedientes en dos años. En el caso de que todos los expedientes del Caipirinha hubieran acabado en sanción, el coste para sus propietarios sería de un máximo de 1,3 millones de pesetas.

Declaración ante la juez

Por otra parte, dos de los tres vigilantes encarcelados por su implicación en el homicidio de Wilson Pacheco -Antonio Fernando Quincoces Baz, de 30 años, y Mariano Romero Puerta, de 37- han confesado a la juez que golpearon y patearon a la víctima, según fuentes próximas al caso citadas por la agencia Efe. En cambio, David Gascó Argila, de 22 años, no propinó aparentemente golpe alguno a la víctima, pero ha sido encarcelado porque no hizo nada para evitar la 'brutal agresión' al joven inmigrante, según la calificación que el juzgado ha dado al hecho.

Las mismas fuentes añaden que el visionado de las grabaciones evidencia que Gascó no acompañó a sus compañeros cuando llevaron a Pacheco hasta la barandilla del puente que da al mar, aunque sigue en prisión como consecuencia de la 'alarma social' que el caso ha generado.