Los jueces afirman que aplicarán la ley del divorcio pese a las críticas del Papa

El discurso pronunciado por el Papa el lunes pasado ante los abogados y jueces del Tribunal de la Rota, en el que pidió a unos y otros que se nieguen a aplicar el divorcio, suscitó ayer reacciones plurales entre los jueces, quienes coincidieron, en cambio, en que se deben a la legalidad vigente, que admite la disolución del matrimonio, aunque el Papa lo estime indisoluble. Desde sectores progresistas de la Judicatura se interpreta la petición papal como una invitación a delinquir, mientras los jueces conservadores limitan el alcance del mensaje de Juan Pablo II a los católicos.

Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y perteneciente a su sector conservador, aseguró ayer a este periódico que la petición papal 'se refiere sólo a los jueces eclesiásticos, como no podía ser de otra manera'. López recordó que los jueces civiles 'están sometidos al principio de legalidad, sin que quepa ningún tipo de cláusula de conciencia en la aplicación de la ley'.

En igual línea, el vocal del mismo sector José Luis Requero -quien manifestó que está, 'por supuesto, al 100% o al 200% con lo que dice el Papa'- reveló que había dictado sentencias de divorcio, si bien 'en los casos de matrimonios canónicos, yo advertía a los cónyuges', dijo, 'que les divorciaba de los efectos civiles, pero no de los canónicos'. Según Requero, Juan Pablo II dirigió su discurso 'a los jueces de la Rota', aunque reconoció que a ese tribunal 'no llegan casos de divorcio'.

En contraste con estas interpretaciones sobre el alcance del discurso del Papa, el obispo portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan José Asenjo, ratificó ayer que Juan Pablo II había pedido a los jueces y abogados 'que no colaboren en el divorcio', para acabar con ese 'mal social que afecta y daña un bien social como es la indisolubilidad del matrimonio'.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, Enrique Miret Magdalena, atribuyó la intervención de Juan Pablo II a presiones de 'asesores ultraconservadores', según informa Europa Press.

Injerencia inadmisible

Montserrat Comas, vocal del CGPJ perteneciente al sector progresista, consideró 'inadmisible que el jefe de la Iglesia católica se inmiscuya en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales, perfectamente independientes y separadas nítidamente de las religiones en los Estados democráticos'. Comas evaluó las palabras de Juan Pablo II como 'una negación del respeto que le debe merecer al Santo Padre la separación entre el Estado laico y las confesiones religiosas'.

En la misma línea, Miguel Carmona, portavoz de la asociación progresista y minoritaria Jueces para la Democracia, interpretó el discurso papal como 'una invitación a prevaricar'. Recordó que 'el juez no tiene derecho a la objeción de conciencia y lo único que puede hacer, si no está de acuerdo con la ley, es irse de la carrera'.

Carlos Granados, presidente de la asociación judicial minoritaria y moderada Francisco de Vitoria, declaró: 'Las normas que nosotros aplicamos las aprueba el Parlamento español. El Papa puede decir lo que quiera, pero nosotros tenemos que atenernos a la regulación de la ley democrática'.

La portavoz de la misma asociación, Cristina Cadenas, insistió en que 'el Papa no puede ir más allá del ámbito católico en un Estado aconfesional' y recordó que 'incluso jueces del Opus Dei han reconocido que han aplicado el divorcio previsto en la ley'.

Vicente Magro, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, advirtió de que, a la hora de resolver, los jueces no pueden 'recibir ninguna injerencia'. Lo explicó así: 'Los jueces lo que tenemos que hacer es aplicar la ley y desde 1981 nos compete aplicar la ley del divorcio que, por cierto, ha sido pacífica. Incluso se han creado juzgados específicos, para dar una respuesta especializada a los problemas matrimoniales'.

Magro coincide con el presidente de la Asociación de Abogados de Familia, Luis Zarraluqui, para quien 'el problema no es el divorcio, sino el desentendimiento de la pareja'. Zarraluqui estima, además, que 'la recomendación papal a los jueces, que se deben al imperio de la ley, es una inducción al delito'.

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, recordó: 'Estamos en un Estado aconfesional y con absoluta libertad de conciencia'. Y María Durán, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, pidió que el Papa 'no se entrometa en cuestiones que competen al Estado', igual que la abogada Ángela Cerrillos dijo que 'no se pueden mezclar asuntos de conciencia con cuestiones de Estado'.