La mujer muerta en un centro estético iba a hacerse una liposucción, según la familia

La familia de Débora Catalán Gutiérrez, la paciente de 36 años que murió el pasado viernes en un centro estético clandestino precintado por la Consejería de Sanidad, aseguró ayer que cree que ésta iba a someterse a una liposucción y no a una mesoterapia, como sostuvo el lunes la portavoz del establecimiento, Carmen Ranera. Ignacio Vázquez, abogado de la familia Catalán, dice que posee un documento con el presupuesto para la supuesta intervención en el centro Icema y 'una serie de testigos a los que Débora comentó que iba a hacerse una liposucción'.

El abogado Ignacio Vázquez dijo ayer contar con 'suficientes indicios' de que Débora Catalán había acudido el pasado viernes al centro Icema, en el número 59 de la calle de Maldonado (distrito de Salamanca) para practicarse una liposucción (un acto quirúrgico para eliminar grasa que requiere anestesia) y no una mesoterapia (un tratamiento contra la celulitis mediante inyecciones intradérmicas), como afirmó el pasado lunes su portavoz, Carmen Ranera. La Consejería de Sanidad precintó este establecimiento tras comprobar que carecía de licencia tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento para ejercer su actividad.

Entre las pruebas que afirma tener el abogado se encuentra un presupuesto para una liposucción que la paciente había solicitado al citado centro. Otras fuentes próximas al caso señalan que tal presupuesto asciende a 500.000 pesetas, aunque no precisaron si Debora Catalán lo había aceptado. Además están, dijo Vázquez, los testimonios de algunas amigas que aseguran que Débora les comentó que se sometería a la intervención aquel viernes por la tarde.

'Imprudencia'

'En la clínica dijeron que le iban a hacer una mesoterapia, pero todos los indicios apuntan a que era una liposucción', insistió el letrado, quien además explicó que en el informe policial que obra en su poder 'se dice que estuvieron dos horas tratando de reanimarla, y además tardaron dos horas en avisar a las asistencias médicas'.

El forense, según el relato del abogado, cree que Icema carecía 'de un quirófano adecuado para hacer este tipo de intervenciones'. Y prosigue: 'Parece ilógico que careciendo de una sala de reanimación se estuviera dos horas intentando reanimar a la paciente. Esto es lo que consta en el informe policial, pero yo no lo tengo cotejado'. Vázquez reconoce que no conoce el dictamen de la autopsia ni tampoco el resultado de 'unos análisis complicados que aún tardarán tres semanas'.

La abogada Carmen Ranera, portavoz de Icema, mantiene que la paciente 'llevaba entre ocho y diez sesiones de mesoterapia' y que comenzó 'a presentar convulsiones antes de que se iniciara el tratamiento del pasado viernes'. Pero el letrado de la familia Catalán replica que 'amigas y compañeras de Débora aseguran que ésta les comentó que ese día iba a someterse a una liposucción'.

Débora Catalán nació en Estados Unidos, pero a los 13 años había regresado a España. La madre, según contaron unos vecinos, murió hace algunos años en aquel país, así que el resto de la familia se trasladó a Madrid. Resídia en la calle de San Lucas (Centro) donde alquilaba habitaciones a estudiantes y daba clases de inglés.

El abogado de la familia Catalán pide que 'los responsables de la clínica den la cara porque parece que han desaparecido'. El propietario de Icema, el argentino Gerardo Senderowicz Hendler, está inscrito en el registro del Colegio de Médicos de Madrid como licenciado en medicina general y cirugía desde 1990. La comisión deontológica del colegio ha iniciado una investigación para aclarar su actuación.

Carmen Flores, portavoz de la Asociación del Defensor del Paciente asegura que el año pasado recibió 863 denuncias o quejas por liposucciones, reducciones de mamas, y microcirugías labiales practicadas en la región.

El centro Icema se enfrenta a un expediente sancionador que podría resolverse con una multa que oscila entre 3.000 y 600.000 euros. Según la Consejería de Sanidad, si una clínica practica liposucciones precisa de un completo equipo médico y quirúrgico que garantice su resultado y los facultativos deben poseer la titulación adecuada.

Detectar centros 'piratas'

Miguel Ángel Villanueva, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, se adelantó ayer a la oposición y presentó en el registro de la Cámara una proposición no de ley instando al Gobierno regional a elaborar en seis meses un plan de detección de clínicas clandestinas, informa Rodolfo Serrano.

El portavoz popular fue más rápido que sus compañeros de oposición (PSOE e IU) y desactivó sus principales críticas: los fallos de inspección por parte de la Administración de Alberto Ruiz- Gallardón. El representante de IU, Juan Ramón Sanz, había criticado el descontrol existente en este tipo de centros, y el socialista Pedro Sabando aseguraba que su grupo estudiaba algún tipo de iniciativa parlamentaria. Pero Villanueva, en un golpe de efecto, anunciaba minutos después que el PP ya había presentado en el registro una proposición para 'aumentar los controles de estos establecimientos sanitarios'.

En la iniciativa del PP se insta al Gobierno a poner en marcha este plan en colaboración con las autoridades municipales, colegios profesionales y sociedades científicas de las especialidades médico-quirúrgicas implicadas en esta actividad sanitaria.