Fuga tóxica
La nube tóxica que se originó el sábado con la combustión de 15.000 toneladas de abonos químicos almacenados en el polígono industrial del Valle de Escombreras, en Cartagena, no puede despacharse como un episodio más de contaminación, sino como un nuevo aviso de que algo no funciona en España en relación al control medioambiental. La virulencia del siniestro ha provocado gran alarma en la población, y aunque las autoridades han tratado de desdramatizar sus efectos, lo cierto es que 14 personas han tenido que recibir asistencia médica y los efectos últimos del siniestro estaban ayer lejos de estar controlados.
De confirmarse la hipótesis de que la combustión se produjo espontáneamente por una acumulación inadecuada, por excesiva, de abonos compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio, estaríamos ante un nuevo caso de negligencia cuyo alcance administrativo y penal deberán dilucidar las correspondientes investigaciones. En este caso llueve sobre mojado. El polígono industrial de Escombreras, situado a sólo ocho kilómetros del centro de Cartagena, acumula en los últimos años un largo historial de incidentes y fugas que cuestionan seriamente la seguridad global de este enclave industrial de alto riesgo.
El accidente de Escombreras viene a sumarse a otros episodios recientes de contaminación ambiental que afortunadamente no han tenido consecuencias graves para la salud, pero podrían haberlas tenido. El vertido de productos tóxicos de una fábrica de fertilizantes al río Adaja (en Ávila), que el pasado fin de semana ha contaminado el agua potable de la que beben 40.000 personas, se ha producido apenas un mes después de que otro vertido de mercurio, esta vez al río Ebro, llegara a la red de suministro de agua de boca de 40 poblaciones de Tarragona tan pobladas como Salou, Reus o la propia capital. Con el agravante en este caso de que el vertido contaminó la red de agua potable ocho días después de haberse producido, sin que en ese tiempo hubieran saltado las alarmas capaces de evitar que llegara a los grifos. El mismo río sufrió apenas uno días después dos nuevos vertidos, esta vez de aceites industriales.
¿A qué se debe esta sucesión de accidentes potencialmente graves, que si no han tenido mayores consecuencias es por una afortunada casualidad? Parece obvio que urge revisar a fondo los mecanismos de control ambiental de las industrias. Todo parece indicar que empresas potencialmente peligrosas no aplican, ni en sus inversiones ni en su mantenimiento, las exigencias mínimas de una cultura de la seguridad a la que tienen derecho los ciudadanos expuestos a sufrir las consecuencias de estos accidentes.
