Una empresa guardaba 3.000 bidones de desechos sanitarios peligrosos en Humanes

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) descubrieron el pasado jueves más de 3.000 bidones que contenían material biosanitario (sangre, plasmas, gasas...) almacenados de forma supuestamente ilegal , en una nave industrial sita en la calle de Siete Picos, en Humanes. Estos productos, considerados por la legislación como peligrosos, sólo pueden ser almacenados, manipulados y destruidos por empresas autorizadas por la Administración. Se las conoce como gestores de residuos.

Pero la sociedad que los había almacenado -ICC Medio Ambiente-, sólo tenía, según la versión del Gobierno regional, autorización para transportarlos hasta un gestor, no para acumularlos. La empresa lo niega y afirma que está siendo víctima de un chantaje por parte de las empresas gestoras. 'No nos admiten los residuos, porque somos su competencia. La Comunidad no nos deja llevarlos a otras comunidades ni al extranjero. Vamos a denunciar todo esto ante la Fiscalía y el Tribunal de la Competencia', señala Juan Toro Domínguez, presidente de la empresa.

La Comunidad ha abierto ya un expediente contra la empresa y anuncia que puede ser multada con 500 millones de pesetas (tres millones de euros), la mayor multa de su historia.

La operación para localizar esta enorme cantidad de material biosanitario y citotóxico se inició hace dos meses, cuando Medio Ambiente descubrió que una furgoneta de esta empresa, especializada en recoger material sanitario de los hospitales, no era conducida por una persona autorizada. La consejería, dada la peligrosidad del material, tiene que autorizar los vehículos que se utilizan, así como el personal que los conduce. Comenzó así una investigación de dos meses, según el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ignacio López-Galiacho.

Medio Ambiente descubrió, además, que en las hojas de recogida de material hospitalario de la furgoneta se reflejaba un mayor volumen del entregado finalmente en los gestores. Se montó un dispositivo de vigilancia para descubrir dónde acababa el material. Así, los inspectores localizaron una nave en Villaverde. Pero cuando entraron, descubrieron que 'dentro sólo había tres bidones, lo que no cuadraba, en absoluto, con el movimiento de la empresa'.

Pero la Comunidad no se dio por vencida, según el relato del director general. 'Quince días después del chasco de Villaverde, tuvimos un soplo', relata López-Galiacho, 'que nos llevó hasta una nave de Humanes. Establecimos un nuevo dispositivo de vigilancia, pero nadie entró en esta edificación, que permaneció cerrada a cal y canto', explica. 'Pero, en alguna parte tenían que meter el material, porque seguían recogiéndolo en los hospitales', aseveran desde la consejería que encabeza Pedro Calvo Poch.

El Gobierno regional, ante el atasco de sus investigaciones, reclamó entonces la ayuda del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). 'La colaboración del comandante jefe de Información de la Comandancia de Tres Cantos, Joaquín Collado, fue esencial. Envió furgones camuflados a la puerta de la nave. Pero las furgonetas con el material sanitario seguían sin llegar. Empezamos a pensar que lo estaban tirando a algún vertedero, con el peligro que eso puede suponer para la salud', recuerda López-Galiacho.

Entrada en el almacén

Pero dos días después de que la Guardia Civil estableciese su vigilancia, llegaron los primeros resultados. Se descubrió, según el Gobierno regional, a la primera furgoneta de ICC Medio Ambiente entrando en la nave, momento que fue aprovechado por los investigadores para entrar en el almacén.

Allí, en el interior de esta nave de unos 50 metros de longitud, descubrieron lo que estaban sospechando. El informe de la Guardia Civil relata que se hallaron dentro de este almacén 2.916 bidones, de 60 litros de capacidad cada uno, con material biosanitario especial de clase III (material infeccioso, gasas, plasmas, sangre, amputaciones...). Igualmente, se hallaron 256 bidones de 60 litros con material citotóxico (tejidos cancerosos...), 305 envases de 25 litros con residuos peligrosos (aceites y lubricantes), además de un centenar de envases más con líquidos reveladores de películas, fijadores, material de laboratorio. Finalmente, se hallaron también 20 cajas de medicamentos caducados y radiografías.

López-Galiacho admite que el 'material estaba perfectamente almacenado y no había derrames, por lo que no se actuará por vía penal, sino sólo por la administrativa'. 'Por lo menos', siempre según la versión de la Comunidad, 'tuvieron el cuidado de no permitir que se produjera ningún derrame, como mucho había algo de líquido fijador algo esparcido'.

Según el director general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad, 'la rápida actuación ha permitido que no se haya producido peligro para la salud, si bien un incendio o la sustracción del material peligroso acumulado hubiera provocado una desgracia'.

Juan Toro Domínguez, presidente de ICC Medio Ambiente, explicó anoche que su empresa está siendo sometida al 'chantaje de los gestores de residuos' [empresas autorizadas para destruir los materiales sanitarios]. 'La situación es clara. Recogemos los residuos en los hospitales con un sistema patentado [los congelan] a un coste inferior a la competencia, que domina los centros gestores. Como les estamos haciendo daño, se niegan a recogernos el material para destruirlo. De los dos centros gestores existentes en Madrid, uno no se trata con nosotros y el otro nos ha subido los precios un 300% en un año con el fin de impedir nuestro crecimiento', señala Toro.

El presidente de ICC Medio Ambiente explica que su empresa ha intentado llevarse fuera los residuos y que ha firmado acuerdos con Asturias, por ejemplo. 'Pero la Comunidad no nos deja sacarlos, y ahora esto... Mañana [por hoy] vamos a presentar una denuncia en la Fiscalía y en el Tribunal de la Compentencia. Ni siquiera teníamos constancia de que se nos había abierto expediente', se queja Toro Domínguez.

La Comunidad recuerda que almacenes como el de Humanes requieren una declaración de impacto ambiental y multitud de trámites administrativos y sanitarios de los que ICC carece. López-Galiacho reconoce que el Gobierno ya ha iniciado un expediente sancionador, que podría acabar con una multa muy grave superior a los 500 millones de pesetas. La firma replica que emprenderá acciones legales porque 'se pone en peligro la viabilidad de una empresa que cumple con la ley y da trabajo a muchas familias'.