Una nueva sentencia declara ilegal el concurso de traslados de 1998

El Gobierno ha pedido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que le oriente sobre cómo ejecutar la sentencia que declara ilegal la comisión que nombró para evaluar los méritos de los 1.110 funcionarios que participaron en el concurso de traslados de 1998. Función Pública ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Superior haya dicatado esta semana una nueva sentencia contra la comisión evaluadora por permitir que ELA acaparase la representación sindical. La asignación de más de dos mil puestos de la Administración vasca está paralizada por este asunto.

Según el nuevo fallo judicial, todas las centrales que dispongan de más del 10% de representación en la Administración general tienen derecho a participar en el tribunal calificador, como es el caso de UGT, Comisiones Obreras y LAB, además de ELA. La primera sentencia contra el concurso llegó en octubre, tras el recurso promovido por UGT contra el nombramiento del tribunal, cuyos miembros no eran funcionarios de carrera, tal y como exige la ley. La consecuencia inmediata de ese fallo tendría que ser la constitución de una nueva comisión que sea competente para evaluar las candidaturas de los funcionarios y que revise los méritos de los aspirantes. Es decir, la Administración autonómica está obligada a repetir el concurso. El último fallo complementa al anterior.

Comisiones Obreras, el sindicato que recurrió en esta segunda oportunidad, considera que la decisión del Gobierno de pedir orientación para ejecutar la sentencia es 'una argucia para ganar tiempo'. Txema Sagarna, responsable del sector de Administración de CC OO, explica que la nueva sentencia declara ilegal la base novena del concurso en cuanto que ésta prevé que sólo haya un representante del personal en el tribunal evaluador. La ley de Función Pública Vasca sí especifica que habrá un representante del personal, pero esta norma carece de desarrollo reglamentario, con lo que se produce un vacío legal. En esta caso, debe aplicarse la norma, que dice que en las comisiones de evaluación debe haber representantes de los sindicatos más representativos.

Los dos fallos abren un escenario caótico en la Administración, ya que quedan en el aire otros dos concursos posteriores: uno de traslados, organizado el 2000, con 250 plazas en juego; y una Oferta Pública de Empleo (OPE) del mismo año para 750 puestos. Mientras no se aclare definitivamente qué pasa con los traslados de 1998, no es posible fijar con exactitud las plazas se pueden incluir en el de 2000 ni qué plazas ofertar en la OPE. En total, más de 2.110 puestos en juego de los 4.806 funcionarios de la Administración general vasca.

Todo en el aire

El Gobierno ha decidido concluir todas las pruebas de la OPE (a la que se presentaron más de 40.000 ciudadanos) que aún estaban pendientes, entre ellas las de perfiles lingüísticos y los exámenes de algunos cuerpos. Sin embargo, llegará el momento en el que no se pueda proseguir porque el cómputo de méritos estará pendiente de dos cosas. Primero, de conocer las plazas que realmente se podían ofertar y en segundo lugar, de lo que resuelva el Tribunal Supremo sobre los recursos presentados por el Gobierno contra la cascada de sentencias contrarias emitidas por el TSJPV, que impugnan los criterios utilizados para desestimar que algunos aspirantes se beneficiaran de una valoración preferente en los méritos. La resolución de los recursos no llegará antes de año y medio con lo que, en el mejor de los casos, la OPE queda paralizada técnicamente. La propia Administración ha descartado hacer ahora las adjudicaciones y prefiere esperar a que los tribunales respondan, según indica CC OO. 'Va ser muy difícil gestionar y recomponer el caos creado. La situación está técnicamente paralizada, no hay manera de meterle mano', recalca Sagarna.

Comisiones Obreras se muestra muy crítica con el equipo anterior de Función Pública, que fue quien gestionó el concurso de traslados. Según Sagarna, los responsables del concurso 'sabían que hay una legislación estatal que suple la falta de regulación autonómica. A pesar de eso, prefirieron inventarse que había un vacío legal del que se aprovecharon hasta llegar a extremos insultantes'.