Telefónica se enfrenta a una sanción por falta muy grave por realizar descuentos indebidos

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), máximo órgano regulador del sector, ha abierto un expediente sancionador por falta muy grave a Telefónica. La operadora, que recurrirá la decisión, es acusada de haber aplicado descuentos indebidos a empresas con el objetivo de impedir la competencia. La sanción máxima que puede recaer sobre la empresa que preside César Alierta es el 1% de su facturación (en torno a 100 millones de euros). La CMT ha tenido en cuenta que Telefónica ha incumplido anteriores resoluciones en el mismo sentido para considerar muy grave su actuación.

Las tarifas que aplica Telefónica las fija el Gobierno, aunque la operadora tiene un cierto margen de libertad a la hora de aplicar descuentos a sus clientes sobre estos precios oficiales. Precisamente ésta es una de las quejas endémicas de sus competidores, que acusan al antiguo monopolio de utilizar esos descuentos de forma abusiva, reduciendo precios para impedir entrar en el mercado y arrebatarle sus clientes.

En el marco de esa polémica, ha terciado la CMT que en una resolución del jueves 24 de enero ha constatado que Telefónica realiza una política de descuentos abusiva a asociaciones de empresas, al considerarlos como una única entidad, lo que se denomina en el sector Grupo Cerrado de Usuarios.

Según la ley, esta figura permite a Telefónica aplicar precios inferiores a los que cobra a usuarios normales. Sin embargo, la CMT aclara en su resolución que sólo se puede considerar como Grupo Cerrado de Usuarios a los que forman parte de una sola sociedad (con una única personalidad jurídica), y sólo en este caso las tarifas de las comunicaciones internas no están sujetas a restricciones. Contrariamente a esta interpretación, Telefónica de España se acogía presuntamente a esta modalidad para aplicar descuentos a todos las sociedades miembros de una determinada asociación de empresas.

Según la resolución, Telefónica aplicó descuentos indebidos a las empresas integrantes de la Asociación de Empresarios del Henares que, según Madritel -la operadora de cable que denunció el caso-, alcanzaban hasta el 40% en el caso de las llamadas nacionales e internacionales.

La CMT considera este comportamiento como una infracción administrativa muy grave que, según reza en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), puede acarrear una sanción máxima de hasta el 1% de los ingresos anuales de la sociedad que. Telefónica de España tuvo unos ingresos de 10.182 millones de euros en 2000, por lo que, según esa cifra, la multa máxima superaría los 100 millones de euros. Otras alternativas de sanción que fija la ley son: una multa 600.000 euros; el importe del beneficio obtenido por esta práctica; el 5% de los fondos propios derivados de la infracción y la cancelación de la licencia para operar con grupos cerrados de usuarios.

La gravedad del caso se explica en que Telefónica ha seguido llevando a cabo esta política de tarifas pese a que la CMT ya advirtió a sus responsables en una resolución de 8 de junio de 2000 que cesara en estas prácticas. El órgano supervisor sostiene que con esa práctica impide a los nuevos operadores entrar en el mercado. En aquella ocasión, Telefónica fue denunciada por Retevisión y la Agrupación de Operadores de Cable, que alertaron sobre la aplicación de estos descuentos a los miembros de distintas asociaciones empresariales de Castilla-León, Madrid, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Galicia (Pimec-Sefes, Cecot, Fer, Aemt, Fade, Festel y otras).

Telefónica no está de acuerdo con estas acusaciones, que encuadra dentro de lo que siempre ha considerado una política restrictiva de precios que le perjudica especialmente frente a sus competidores, que pueden fijar libremente sus tarifas. Para la operadora, que ha anunciado que recurrirá la sanción, 'este tipo de actuaciones nos impide poner en marcha fórmulas que beneficien al cliente', según fuentes de la empresa. 'Telefónica utiliza convenientemente todos los argumentos legales para que sus clientes tengan que pagar menos dentro de la más estricta legalidad', añadieron.

Pero éste no es el único revés que se ha llevado la operadora. La CMT, en otra resolución dictada el pasado jueves, ha declarado también inválido el contrato suscrito con la empresa Vic Telehome a la que aplicaba descuentos superiores a los previstos (hasta 0,76 millones de euros) amparándose en contraprestaciones en forma de publicidad y marketing que no respondían a ninguna actividad. Se da la circunstancia de que Telefónica tuvo que cortar la línea a esta sociedad, que poseía una cadena de locutorios, al tener facturas impagadas por valor de más de 2,4 millones de euros.

Sanciones anteriores

Telefónica ha tenido que enfrentarse a varias sanciones importantes desde el inicio de la liberalización en 1998. La CMT le impuso una multa de 2,7 millones de euros en julio de 2000 por obstaculizar la preselección, procedimiento que permite a los abonados elegir la compañía con la que realizar sus llamadas telefónicas sin necesidad de marcar ningún prefijo.

Sin embargo, la mayor sanción a la que ha tenido que enfrentarse Telefónica provino del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), que le impuso una multa de 8,41 millones de euros (1.400 millones de pesetas) por unos planes de descuento (Planes Claros) lanzados en febrero de 1998 que, según este tribunal, perseguían como fin primordial obstaculizar el acceso al mercado de Retevisión, su único competidor entonces. La operadora también ha sido multada por la utilización indebida de los datos personales de sus abonados.