El noveno foco de peste porcina eleva la cifra de cerdos inmovilizados a 1,5 millones

En la comarca de Osona hay ya más de 1.100 explotaciones afectadas y 1,5 millones de cerdos de todos los tamaños inmovilizados en las mismas. La declaración del noveno foco de peste porcina clásica (PPC) en la comarca de Osona ha empeorado la situación de la cabaña y de los ganaderos. El consejero de Agricultura de la Generalitat, Josep Grau, reconoció ayer que la situación es 'insostenible' y reiteró la necesidad de que el Ministerio de Agricultura inste a Bruselas a activar los mecanismos de intervención previstos en la lucha contra la epidemia.

Los animales inmovilizados aumentan de peso sin que puedan ser trasladados al matadero o a las granjas de engorde. Llevan más de 45 días inmovilizados y a medida que pasa el tiempo el hacinamiento empieza a ser un grave problema que los ganaderos no saben cómo resolver. Las medidas de intervención permitirían esponjar la zona y reducir las pérdidas de los productores, puesto que cuando puedan vender los cerdos, serán penalizados por el sobrepeso.

Grau vuelve a reclamar ahora, con mayor urgencia que cuando se produjo el brote de Lleida, medidas de mercado que permitan hacer vaciados selectivos en las zonas de mayor densidad de porcino. 'Antes lo pedíamos, ahora exigimos el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en la lucha contra la PPC porque la situación es insostenible', señaló ayer el máximo responsable de la agricultura catalana. Grau, que ha solicitado oficialmente la aplicación de estas medidas en cuatro ocasiones, no entiende los motivos por los que el Ministerio de Agricultura se resiste a trasladar su petición a la Unión Europea.

El consejero de Agricultura considera que las circunstancias son distintas en el caso de Osona debido a la gran concentración de granjas de reproductoras en la misma zona y al largo periodo que los cerdos llevan inmovilizados. El lunes volverá a la carga ante el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete. 'Tenemos derecho a que se aplique este mecanismo legal que prevé la posibilidad de comprar a precio de mercado los lechones y animales de engorde que, estando sanos, no pueden ir al matadero', añadió. 'Antes podía discutirse si la medida era o no adecuada, pero a partir de este momento es imprescindible porque la situación ha cambiado'. Grau se mostró confiado en que tarde o temprano las administraciones española y comunitaria acabarán cediendo, puesto que de lo contrario 'a lo mejor tendremos que ponernos delante de la manifestación'.

La confirmación de los últimos casos de peste en Osona demuestra que la situación no está controlada a pesar de las medidas que se están aplicando para erradicar la enfermedad. El sindicato Unió de Pagesos (UP) y la organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), que son partidarios de aplicar las medidas de mercado, consideran que el sacrificio de animales y su posterior tratamiento térmico no es una medida satisfactoria porque la industria no puede comercializar la carne con los requisitos exigidos por la Administración.

Grau dijo ayer que la peste se halla en su momento culminante, que suele caracterizarse por la aparición de varios focos en una zona determinada. En el caso de Osona, la gran densidad de granjas representa un factor de riesgo añadido, por lo que sería aconsejable sacrificar alrededor de 150.000 lechones de un mes de vida.

Los ganaderos de Osona discutían ayer en una asamblea la posibilidad de radicalizar sus protestas ante la nula respuesta del Ministerio de Agricultura a sus peticiones. Después de dos sábados efectuando cortes de carretera en Osona, los sindicatos consideran la posibilidad de trasladar sus protestas a Barcelona, ante la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Tras la confirmación oficial de los dos últimos focos de peste, en Vic y Malla, ya son nueve los brotes de la enfermedad detectados desde el pasado 7 de diciembre. Se han realizado más de 60.000 sacrificios, a los que aún hay que sumar los animales que deberán matarse en el radio de un kilómetro de las dos últimas granjas afectadas.

Granjas ilegales

Por otra parte, una de cada cinco explotaciones de porcino de la provincia de Lleida es ilegal. El Departamento de Medio Ambiente ha reconocido que actualmente hay 3.606 explotaciones que se han adaptado a la nueva normativa medioambiental, especialmente en lo referido al apartado sobre el tratamiento de purines en las zonas vulnerables.

Sin embargo, otras 964 explotaciones estarían funcionando en situación de ilegalidad al no haber aportado sus propietarios antes del 31 de diciembre pasado la documentación exigida para poder desarrollar la actividad ganadera.