Ayuntamientos y urbanizadoras insaciables
El Ayuntamiento de Castellón, con mayoría absoluta del PP, ha declarado urbanizable una zona residencial de 164.000 metros cuadrados que ya es urbana -concebida como ciudad jardín en el anteproyecto urbanístico de la ciudad del año 1923-, y cuya contribución pagamos como tal.
Está ubicada dentro del casco urbano de la ciudad, tiene una serie
de edificaciones unifamiliares con abundante arboleda y jardinería bien conservadas y es donde vivimos todo el año. El Ayuntamiento ha decidido otorgar la realización de los trabajos a una urbanizadora haciendo tabla rasa de todo lo existente, posiblemente para disimular y volver a convertir la zona residencial en otra zona residencial 2.
En esta operación estamos obligados a ceder el 48% de la superficie de nuestras propiedades, así como asumir el coste de todas las obras que se lleven a cabo e indemnización de los derribos, con lo que se da la paradoja de que en vez de ser indemnizados, según el artículo 33, párrafo 3 de la Constitución -que dice que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización-, resulta que nos tenemos que indemnizar a nosotros mismos y sin que en este caso veamos la necesidad pública ni el interés social.
Ante este atropello que se nos venía encima, los vecinos, y al mismo tiempo propietarios de más del 50% de los terrenos a urbanizar, nos hemos constituido en una agrupación de interés urbanístico, presentando una alternativa que pueda mejorar las condiciones actuales. Y todo esto lo quieren hacer por la vía rápida, no sólo haciendo caso omiso de nuestras preferencias como propietarios de los terrenos, sino también del auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, que cuestiona la Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística por considerarla anticonstitucional y que ha elevado una consulta al Tribunal Constitucional para que se pronuncie.
