Ruiz-Gallardón prepara una ley urgente para impedir el 'botellón' en las calles
Los ayuntamientos podrán declarar 'zonas de acción prioritaria' vetadas a las 'litronas'
El Gobierno de la Comunidad va a elaborar una ley por vía de urgencia para tratar de impedir que grupos de personas consuman bebidas alcohólicas en calles y plazas de la región (la práctica conocida como botellón). El texto legal será redactado a partir de las conclusiones que hoy dará a conocer la Mesa sobre el Alcohol y la Juventud, impulsada por el defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades, con el asesoramiento de la Agencia Antidroga y la participación de representantes de los sectores afectados. Estos organismos quieren que la normativa esté aprobada el próximo junio.
'Trabajaremos en la ley a partir del texto que aporten los participantes en la Mesa del Alcohol, y, en la medida en que el Ejecutivo regional no pueda legislar, haremos todo lo posible para que sea el Gobierno central quien lo haga', anunció ayer Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad. Cada fin de semana se reúnen en toda región, en pequeños grupos, unas 500.000 personas para beber en las calles. Núñez Morgades asegura que 150.000 de estos consumidores son jóvenes con edades comprendidas entre 13 y 17 años.
'No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal', reza un avance del futuro texto normativo. 'Si en el exterior y en las proximidades de un establecimiento donde se expendan bebidas alcohólicas se produjera con reiteración la acumulación de personas con consumo de alcohol o emisión desordenada de música o ruidos, la autoridad municipal podrá declarar el local inadecuado para el fin para el que se le otogó la licencia', agrega.
Las entidades locales, a través de sus ordenanzas municipales, tendrán potestad para declarar determinadas zonas como de 'acción prioritaria' a efectos de garantizar el cumplimiento de la prohibición de las litronas en ciertos espacios públicos. 'Si bien es muy dificil actuar en los lugares de botellón ya consolidados, estas medidas permitirán evitar la formación de nuevos puntos de consumo de alcohol en la vía pública', según prevé el proyecto.
El avance de la futura ley establece que estará prohibida la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas a través de establecimientos de cualquier clase en los que no esté autorizado el consumo, la venta de carácter ambulante y la efectuada a distancia [encargo por teléfono], cuando se produzcan en el horario nocturno que determine cada corporación local. En caso de que no haya normativa local, se entenderá por horario nocturno el comprendido entre las 22.00 y las 8.00 del día siguiente. Los establecimientos autorizados para el consumo de alcohol no podrán vender, suministrar o distribuir bebidas fuera del local.
La ley también contempla otras prohibiciones que suponen la imposibilidad de ingerir bebidas alcohólicas en los centros dependientes de la Administración pública, salvo en los lugares expresamente habilitados al efecto y siempre que se trate de bebidas de menos de 18 grados; en los centros sanitarios, en los docentes no universitarios, en los de atención y esparcimiento de menores, en las áreas de servicio y descanso de las autovías y en las vías públicas.
La norma recogerá asimismo una disposición por la cual en caso de que un menor no emancipado precise atención sanitaria por haber ingerido bebidas alcohólicas, los centros o servicios sanitarios que le presten atención deberán comunicar la situación del joven a sus padres o tutores para que éstos se hagan cargo. Esta medida se apoya en el artículo 154 del Código Civil, que dice: 'La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral'.
Información
Los miembros de la Mesa del Alcohol pretenden con esta medida -que, según las fuentes informantes, no tiene precedentes en otras comunidades autónomas- que los padres o tutores estén informados de la situación y evitar asimismo que un menor, una vez que ha sido atendido en un centro sanitario, pueda volver de inmediato a la ingesta de bebidas alcohólicas, con riesgo evidente para su salud.
Los procedimientos sancionadores por infracciones en materia de venta, distribución, consumo o publicidad de bebidas alcohólicas tendrán carácter de urgentes, reduciéndose los plazos ordinarios a la mitad.
El órgano competente para resolver los expedientes sancionadores podrá imponer fianzas, incautar los bienes directamente relacionados con los hechos que hayan dado lugar al procedimiento, incluidos los medios de transporte empleados para la distribución y venta de mercancías indebidamente vendidas o distribuidas, la suspensión de la licencia de actividad y la clausura provisional.
La nueva legislación que impulsará el Gobierno de Ruiz-Gallardón sigue los pasos ya dados por otras administraciones regionales, sobre todo en Cataluña y Comunidad Valenciana, para restringir la venta y consumo de alcohol.
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