Los tribunales marcan la agenda a PSOE y PP en 2026 con los juicios a los exministros Ábalos y Fernández Díaz

A la política española, inmersa en un imparable proceso de judicialización, le resulta ya imposible marcar sus propios tiempos. La oposición, con el PP a la cabeza, se ha entregado a las causas judiciales que implican a antiguos cargos del Gobierno y del PSOE, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Mientras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de defenderse del continuo goteo de escándalos que le impide fijar una agenda alternativa.

Nada vaticina que ese contexto vaya a cambiar a lo largo de 2026. Los tribunales prevén avanzar con los sumarios más delicados para los socialistas, como el abierto contra Cerdán por el supuesto cobro de comisiones a cambio de amaño de obra; y el recién impulsado contra su exmilitante Leire Díaz por influir presuntamente en ayudas y adjudicaciones públicas junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero. Para este año, además, se prevén los primeros juicios al entorno directo del presidente, tanto a su hermano David Sánchez, como a Ábalos, quien fuera su ministro y mano derecha para recuperar el liderazgo del partido y llegar a La Moncloa en 2018. Al PSOE le queda el respiro que le dará en primavera la esperada vista oral sobre la Operación Kitchen, la presunta trama parapolicial urdida en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), que sienta en el banquillo al exministro ultracatólico Jorge Fernández Díaz.

Estas son los procesos marcados en rojo para este intenso 2026:

Ábalos, Cerdán y otras causas que hacen mella en el PSOE El frente judicial que ha acorralado al PSOE en 2025 seguirá activo en 2026, con varias causas en plena investigación y pendientes de informes policiales que servirán para medir el alcance real de la corrupción en el entorno socialista. El único caso cuya instrucción se ha dado ya por cerrada, el que se centra en las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, dejará la primera imagen de un ex secretario de Organización del PSOE sentado en el banquillo. El Tribunal Supremo prevé juzgar en los próximos meses a Ábalos; a su antiguo asesor, Koldo García; y al comisionista Aldama, en una vista en la que Ábalos y García se enfrentan a una petición de pena de hasta 30 años de cárcel. Ambos están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre y lo previsible es que sigan estándolo cuando se celebre la vista oral, por lo que deberán ser trasladados cada día al alto tribunal desde la cárcel de Soto del Real.

El instructor del caso, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, optó por desgajar en dos la causa por corrupción en torno al Ministerio de Transportes para poder juzgar las irregularidades en la compra de mascarillas mientras se sigue investigando el supuesto amaño de obra pública a cambio de comisiones, una trama destapada en junio de 2025 y que provocó un terremoto político al implicar de lleno al que entonces era secretario de Organización y diputado socialista, Santos Cerdán. La Guardia Civil tiene que entregar próximamente un informe sobre el patrimonio del exdirigente socialista, a quien se atribuye “cierta preeminencia” en esa dinámica ilícita, al ser supuestamente quien trataba directamente con las empresas que pagaban comisiones a cambio de adjudicaciones y quien entregaba parte de ese dinero a Ábalos y Koldo García. El futuro judicial de Cerdán quedará determinado en gran medida por ese informe y por otros pasos que den los investigadores para clarificar su relación con la empresa navarra Servinabar, clave en la trama y de la que el político presuntamente poseía un 45% de las participaciones.

Las investigaciones en torno a Ábalos y Cerdán han tenido otra derivada que afecta directamente al PSOE y cuyo alcance es previsible que se conozca en los próximos meses. La Audiencia Nacional ha abierto una causa centrada en los pagos en efectivo desembolsados por el partido para liquidar gastos cargados por sus ex secretarios de Organización. El juez Ismael Moreno tomó esta decisión a petición del instructor del Supremo, que consideró necesario despejar “incógnitas” sobre si existieron “actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”. El juez apunta a que el exministro y su antiguo asesor pudieron utilizar esas liquidaciones de gastos para blanquear dinero, para lo que ha reclamado al partido una relación con todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024 y sus justificantes —una documentación que los socialistas ya han entregado pero que el magistrado ha declarado secreta—. Una auditoría externa encargada por el PSOE descarta que haya existido financiación irregular, aunque cuestiona algunos recibos presentados por Ábalos y su equipo, que considera llamativos.

Los socialistas concentran buena parte de su atención en esos procedimientos, pero miran de reojo otro sumario de la Audiencia Nacional sobre una trama millonaria de fraude de hidrocarburos que encabezaba supuestamente el comisionista Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas. A principios de diciembre, la UCO entregó un informe al juez Santiago Pedraz que concluía que dicha red había destinado “un millón de euros a comprar la voluntad” de Ábalos y cargos públicos para “penetrar” en los “niveles directivos” de tres ministerios. Este enero, Pedraz prevé interrogar como testigos a los exjefes de gabinete de las exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto.

El exministro Fernández Díaz y su cúpula policial, al banquillo. El PP, lanzado contra el Gobierno por las causas que le salpican, tratará de marcar distancias con uno de los juicios más esperados del año: la vista oral del caso Kitchen, cuyo comienzo se ha previsto para abril. En el banquillo se sentará Jorge Fernández Díaz, que encabezaba el Ministerio de Interior en 2013, cuando el caso Gürtel acorralaba al PP y se puso en marcha esta trama de espionaje parapolicial para robar presuntamente al extesorero popular Luis Bárcenas toda la documentación comprometedora que aún pudiera guardar del partido conservador. La Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de cárcel para el exministro, que era entonces uno de los hombres más próximos al presidente Mariano Rajoy.

El ministerio público pide la misma pena de prisión para Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; y para el comisario Eugenio Pino, exjefe de la Policía Nacional. El juez instructor Manuel García-Castellón concluyó que, tras recibir el encargo de Fernández Díaz, Martínez “coordinó” la “misión” ilegal y Pino la “planificó”. Y, presuntamente, para ejecutarla se valieron de un grupo de siete comisarios e inspectores jefes del Cuerpo, que les acompañarán como acusados. Entre ellos está José Manuel Villarejo, que bautizó esta operación con el nombre de Kitchen porque Sergio Ríos —el chófer de Bárcenas al que se captó como confidente y se pagó con fondos reservados— le recordaba al cocinero Sergi Arola. “A ti te llamaré chef”, le dijo el policía.

El caso Kitchen es una de las líneas de investigación del macrosumario del caso Villarejo, que seguirá avanzando este 2026 y que la Audiencia Nacional ha desinflado en los últimos meses con múltiples absoluciones. Antes de la vista oral sobre Kitchen, el comisario Villarejo deberá enfrentarse a otra que tiene pendiente por otra parte de esta misma macrocausa: en enero, el tribunal prevé enjuiciarlo por cohecho junto al empresario Javier López Madrid, exconsejero de OHL, por recibir un encargo para hostigar a la doctora Elisa Pinto.

Primer juicio a un familiar de Pedro Sánchez. Las causas contra el entorno de Pedro Sánchez darán un salto mayúsculo el 28 de mayo, cuando la Audiencia Provincial de Badajoz ha previsto que comience el primer juicio contra un familiar del presidente del Gobierno. David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, debe sentarse en el banquillo de los acusados por las supuestas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. El tribunal ha previsto que la vista dure seis sesiones a lo largo de dos semanas. Y, además de David Sánchez, se encuentran procesadas otra decena de personas: entre ellas, Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a las últimas elecciones extremeñas. La Fiscalía solicita la absolución, pero la acusación popular (encabezada por el pseudosindicato Manos Limpias) pide tres años de cárcel para ambos por un delito de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal. “Creo que las cosas pondrán las cosas en su sitio. Y yo defenderé siempre la inocencia de mi hermano, como defiendo la de mi mujer”, mantiene Pedro Sánchez.

El juez Peinado, contra Begoña Gómez. Otro frente que hace mella en La Moncloa (y en el propio Sánchez) es la causa impulsada por el magistrado Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo. El juez, que imputa cinco delitos a la mujer del presidente, se encuentra a la espera de recibir nuevos informes encargados a la UCO para tratar de afianzar sus cuestionadas pesquisas, corregidas por todas las instancias superiores. Pero el reloj avanza contra Peinado: en septiembre cumple 72 años y, por ley, tendrá que jubilarse. Antes deberá valorar si tiene indicios suficientes para intentar enviar a Begoña Gómez al banquillo.

El estallido del doble ‘caso Leire’. Por si no tuviera suficientes balones que despejar, al PSOE le estalló un nuevo sumario cuando 2025 tocaba a su fin: la exmilitante socialista Leire Díez, a la que se ha vinculado con Cerdán, fue detenida en diciembre junto a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, por influir presuntamente en ayudas y adjudicaciones públicas. Se conocen algunos detalles de esta causa iniciada en la Audiencia Nacional (se les investiga por intervenir en, al menos, cinco operaciones que suman 132 millones de euros), pero el tribunal la mantiene bajo secreto y, según fuentes jurídicas, se tiene que analizar ahora la gran cantidad de material y documentación que se intervino durante los registros. Además, un magistrado de Madrid, Arturo Zamarriego, indaga de forma paralela si Díez lideró un “plan delictivo” para desacreditar a mandos de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.

¿Declarará Jordi Pujol? Otro proceso de enorme trascendencia política acaparará las miradas en 2026: el juicio contra el clan Pujol por el origen de su fortuna oculta en el extranjero. La vista oral comenzó el pasado noviembre, pero apenas se han celebrado cuatro sesiones y han comparecido tres testigos (de más de 200 programados). El tribunal retomará las declaraciones este 12 de enero. Los magistrados ya decidieron que Jordi Pujol padre, expresidente de la Generalitat de Cataluña, continuara encausado, aunque le eximieron de asistir a las sesiones. Aun así, sigue en el aire una gran incógnita: a sus 95 años y, según los forenses, con un “diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor mixto, de tipo alzhéimer y vascular”, además de un “deterioro cognitivo moderado”, ¿está en condiciones de enfrentarse a un extenso interrogatorio? Los jueces explicaron que, llegado el momento, volverán a valorarlo. Su testimonio se ha previsto para la primavera.

La última opción del ex fiscal general. La causa contra Álvaro García Ortiz ha marcado 2025 en el plano judicial por su relevancia, al tratarse de la primera vez que un fiscal general del Estado era encausado y, después, juzgado y condenado. La sentencia del Supremo ya es firme, pero García Ortiz prevé recurrir en amparo al Tribunal Constitucional al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Antes de dar este paso, el Supremo tiene que resolver el incidente de nulidad presentado por la Fiscalía, que previsiblemente será desestimado. Una vez que acuda al Constitucional, las fuentes consultadas estiman que el recurso podría quedar resuelto en un plazo de alrededor de seis meses.

Antes del caso del fiscal general, el tribunal de garantías también tendrá que resolver el recurso de amparo del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros dirigentes del procés contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación, lo que conlleva que sigan inhabilitados. El Constitucional prevé responder a los recursos en el primer trimestre de 2026.

El novio de Ayuso espera fecha de juicio. Alberto González Amador, que logró que el Supremo condenase al fiscal general, aguarda ahora su turno. La Audiencia de Madrid confirmó el pasado noviembre el procesamiento por fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien urdió una presunta trama de facturas falsas para eludir el pago de 350.910 euros de impuestos. El tribunal tiene pendiente fijar la fecha del juicio. Aunque el novio de la dirigente del PP tiene otra causa pendiente con la justicia: aún se le investiga por un supuesto soborno pagado a un directivo de Quirón para multiplicar sus negocios, sobre el que la UCO tiene pendiente entregar un informe al Juzgado de Instrucción número 19 de la capital.

Las cuatro investigaciones a Alvise. El agitador ultra y eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, ha protagonizado este año un insólito récord: declarar tres veces como investigado en el Tribunal Supremo por tres causas distintas en apenas un mes y medio. Y para los próximos meses le espera una cuarta, esta vez por supuestos delitos de revelación de secretos y acoso a Diego Solier y Nora Junco, dos eurodiputados que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024 con la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF) y que han abandonado la formación y se han querellado contra Alvise por una supuesta campaña de hostigamiento en redes sociales. En los anteriores procedimientos, el líder ultra está encausado por recibir, supuestamente, 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas para su campaña para los últimos comicios europeos; por difundir una prueba falsa de covid del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa; y por amenazar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

El Parlamento Europeo ya ha iniciado los trámites para retirarle la inmunidad por las dos primeras causas, lo que permitiría al Supremo investigarle formalmente y adoptar medidas cautelares sobre él. Pero el procedimiento de la Eurocámara es lento y hermético, lo que dificulta conocer en qué estado están las peticiones del Supremo y cuándo podrán quedar resueltas.

Más cargos del PP: Granados, a juicio; y Montoro, bajo el foco. El pasado del PP sigue muy presente en los tribunales. La Audiencia Nacional ha previsto que este 19 de enero comience el juicio contra Francisco Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre y ex secretario general del PP de Madrid, por amañar contratos de las fiestas de municipios gobernados por el partido conservador (una línea de investigación del caso Púnica). Además del ex número dos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, entre los acusados en esa vista se encuentra el exsenador popular David Erguido; y media docena de alcaldes de la formación.

Otro ex alto cargo del PP sigue bajo el foco de la justicia. El exministro Cristóbal Montoro está imputado por un juzgado de Cataluña, junto a otra veintena de personas, por tejer “una red” de tráfico de influencias en la Administración. Tras levantarse el secreto de sumario en julio de 2025, las defensas han centrado parte de sus esfuerzos en tratar de anular la causa bajo la tesis de que el inicio del sumario estuvo contaminado y el secreto se prolongó más de lo debido. La Audiencia de Tarragona debe pronunciarse sobre ello.