El Gobierno cerró el año pasado 22 residencias 'piratas' de ancianos

El Gobierno regional decretó en 2001 el cierre de 22 residencias piratas de ancianos -el triple que en 2000, cuando fueron clausurados siete centros-, según el avance de la memoria de la Consejería de Servicios Sociales. En estos centros vivían 320 ancianos que no recibían los cuidados médicos, higiénicos y alimenticios necesarios. Francisco Panadero, secretario general técnico de la consejería, explica que tanto las denuncias (un 23% más en 2001 que en 2000) como las inspecciones han aumentado. La Comunidad espera aprobar en febrero la ley que regulará el funcionamiento de estas residencias.

'Durante el año 2001, sobre todo en el último trimestre, los esfuerzos de la labor inspectora se han centrado en el seguimiento especial de centros no autorizados, al objeto de persuadir a sus titulares de que cesasen su actividad', afirma Francisco Panadero. Como consecuencia de esta campaña iniciada en la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad para intentar detectar y clausurar estas residencias piratas, se ha decretado el cierre de 22 centros ilegales, aunque cinco de ellos todavía están pendientes de los últimos trámites judiciales.

Según los datos facilitados por la consejería, cuatro de estos centros clandestinos estaban situados en Madrid capital, y en ellos vivían 45 ancianos en condiciones preocupantes. Un piso en el distrito de Chamartín y un chalé en el barrio de Salamanca fueron los centros en los que se produjeron situaciones más precarias para los ancianos. Estos dos centros estaban gestionados por la misma persona. Su propietario abrió primero una residencia en Chamartín y, al ser detectada su actividad ilegal por los inspectores y posteriormente cerrado el establecimiento, se instaló en el distrito de Salamanca.

Esta segunda vez el cierre se produjo gracias a la colaboración de los vecinos, que advirtieron de que en una casa habitaba una veintena de ancianos. Los inspectores comprobaron que el local carecía de la necesaria licencia. 'Los vecinos nos alertaron de la existencia en un chalé de un gran número de ancianos. Cuando llegamos allí nos encontramos con 20 de ellos en un local que no tenía ni los permisos municipales', relata un inspector.

'La tónica es común en los centros que funcionan de manera clandestina, aunque en estos dos la situación de los ancianos fue algo más dura', señala Panadero. 'Malnutrición, falta de higiene y ausencia de personal especializado son circunstancias habituales en estas residencias, en las que vale más el negocio de quienes los regentan que el cuidado de los mayores', agrega.

Suciedad y abandono

En Galapagar, la Comunidad detectó, tras una denuncia, la exisrencia de una casa en la que 10 ancianos vivían rodeados de suciedad, cuidados por trabajadores irregulares y sin cualificación y abandonados por las noches.

En tres de los cierres ordenados en 2001 fueron los propios dueños de las residencias piratas los que decidieron, tras ser descubiertos, cesar su actividad.

El número de denuncias por el mal funcionamiento de residencias de ancianos va en aumento. En 2001 fueron 162 las denuncias presentadas (casi un 23% más que el año anterior), y se impusieron 88 sanciones. La labor de inspección de la Consejería de Servicios Sociales también se ha incrementado de oficio: los técnicos regionales han realizado 587 visitas (un 6% más que en 2000). La cifra de sanciones impuestas ha aumentado, asimismo, en un 40%, sumando un total de 850.552 euros (141 millones de pesetas) en multas.

En la región, según los datos de la Comunidad, viven 684.000 mayores de 65 años y hay 11.000 plazas en residencias públicas -propias y concertadas-, en las que los ancianos pagan del 20% al 80% de su pensión. Existen, además, 874 camas cofinanciadas con centros privados, donde los ancianos abonan el 60% del precio de la plaza y el resto es sufragado por Servicios Sociales.

Ocho inspectores controlan el buen funcionamiento de las 385 residencias privadas y las 45 públicas que existen en la región -y en las que viven 27.000 ancianos- con una normativa que a veces no les permite actuar con la contundencia que desean, según Servicios Sociales.

Dos de los casos que más repercusión social alcanzaron en 2001 fueron los cierres de dos residencias en Colmenar Viejo que acumulaban seis denuncias graves. Sólo la intervención de la juez, que decretó un procedimiento penal sobre los hechos acaecidos en los centros -falta de personal cualificado y exceso de medicación sin control- permitió el cierre definitivo de ambas residencias piratas.

'En las denuncias, a veces nos cuentan que ven a personas atadas; en otras ocasiones se nos dice que no hay limpieza y, por lo general, todos se quejan de que pasan hambre', cuenta el inspector. 'Cuando acudimos a las residencias de Colmenar Viejo nos sorprendió, además del gran número de medicinas que había en grandes bolsas sin control alguno, el hecho de que no había comida. Preguntamos a los responsables qué tenían pensado dar para desayunar a los ancianos al día siguiente, porque no había ni leche. Eso sí, nos pusieron la calefacción, a pesar de que hacía mucho calor ese día, porque tenían varias denuncias debido a que los ancianos se quejaban de que pasaban frío', añade el inspector de la consejería.

Los ancianos, según relatan en Servicios Sociales, no suelen quejarse. 'Tienen miedo a las represalias. Las familias son quienes más se acercan a nosotros, aunque a veces tampoco. Porque son muchos, cada vez más, los que aparcan a sus mayores en estos centros y no quieren saber nada más de ellos', dice un portavoz de la consejería. 'Son muchas las ocasiones en las que, cuando queremos cerrar una residencia, nos encontramos con la oposición de las familias, que se niegan a hacerse cargo de los ancianos. A veces niegan la evidencia de las malas condiciones en las que viven con tal de no recogerlos', recalca.

Juez de mayores

Pilar Martínez, consejera de Servicios Sociales, ha propuesto la creación de un juez de mayores que actúe de manera coordinada con la consejería. Y lo ha hecho a través de una propuesta de ley que ha entregado en la Asamblea para que sea sometida a estudio de los diferentes partidos políticos. 'Ya hemos recibido las alegaciones del PSOE', señala Panadero, 'y casi todas se incluirán en la ley. Esperamos que el texto definitivo esté listo el próximo mes de febrero y que la ley se apruebe en el primer trimestre', dice.

Esta nueva ley obligará a todas aquellas personas que deseen dirigir una residencia a realizar un cursillo básico dentro del marco general de centros residenciales. La ley será desarrollada posteriormente en un reglamento que recogerá, entre otras cosas, el modo de regular las viviendas en las que viven cinco ancianos o menos y que no son consideradas como residencias.