Socialistas y populares acuerdan prohibir ayudas públicas a las asociaciones del entorno etarra

El Grupo Popular en el Senado ha presentado una enmienda al proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación en la que propone que los poderes públicos no den ningún tipo de ayuda o subvención a las asociaciones que justifican la violencia, enaltecen los delitos de terrorismo, menosprecian a las víctimas o cuentan con miembros que han sido condenados por servir o colaborar con banda armada. El PSOE ha adelantado su acuerdo con esta medida, que complementa la acordada el pasado diciembre, también en el Senado, para evitar las ayudas a partidos o coaliciones políticas del entorno de ETA.

Fuentes del PP han señalado que el objetivo de su iniciativa es que las asociaciones afines a ETA o de apoyo a la banda terrorista, de las que forman parte en muchas ocasiones personas condenadas por pertenecer o colaborar con la banda terrorista, no puedan recibir ayudas públicas.

El secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, destacó ayer que este tipo de medidas consensuadas entre los dos grandes partidos derivan del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado por PP y PSOE en diciembre de 2000. 'Se pretende evitar así', dijo, 'que ni una sola peseta de los contribuyentes, que cumplen con las reglas de una sociedad democrática, pueda ir a los enemigos de la democracia, la libertad y la vida de las personas'. El proyecto de ley de Derecho de Asociación, aprobado ya por el Congreso, ha sido remitido al Senado, donde se ha presentado esta enmienda, que complementa otra iniciativa aprobada el pasado diciembre para prohibir las ayudas a los partidos o coaliciones del entorno de ETA.

En aquella ocasión, el Grupo Popular aprovechó la tramitación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para negar las subvenciones a los partidos o coaliciones que incluyan en sus listas electorales o mantengan en sus órganos directivos a condenados en sentencia firme de pertenecer o colaborar con banda armada, con la única excepción de haber cumplido la condena y hecho declaración pública de rechazo a ETA.

También se exigió como requisito indispensable para acceder a los fondos públicos el hecho de que los diputados electos 'hayan adquirido la condición plena de parlamentarios', es decir, que hayan hecho patente 'el ejercicio efectivo del cargo'. Esta exigencia excluye a los diputados de Batasuna y ha abierto un conflicto entre el Gobierno y la Audiencia Nacional sobre el pago de las subvenciones correspondientes a los últimos procesos electorales.