Bienestar Social dispara el gasto del Consell por los servicios contratados con empresas privadas

El personal de limpieza o vigilancia de la inmensa mayoría de edificios públicos pertenece a empresas privadas contratadas por la Administración. Pero la denominada 'externalización' de servicios se ha extendido a ámbitos más sensibles, como demuestra la elevada factura que paga la Consejería de Bienestar Social por la contratación de servicios asistenciales a mayores, minusválidos o disminuidos psíquicos. Entre 1998 y 2001, Bienestar Social ha adjudicado contratos de servicios a empresas privadas por un total de 91 millones de euros (15.230 millones de pesetas), una factura que duplica los servicios externos contratados por el resto del Consell excluida el área de Sanidad.

Un seguimiento de los contratos de prestación de servicios adjudicados a empresas privadas por ocho áreas del Consell -sólo se excluyen Sanidad y Obras Públicas- entre 1998 y 2001 que ha sido elaborado por la Federación de Servicios Públicos de CCOO pone de manifiesto la creciente cesión de la gestión de servicios asistenciales a operadores privados.

El estudio no pretende ser exhaustivo, pero revela una tendencia 'clarísima', en palabras de Pere Gantes, secretario general de la FSAP, 'la gestión de todos los servicios públicos asistenciales acabará en manos privadas'.

La figura del concierto educativo o sanitario se ha extendido desde hace tiempo debido a la universalidad de la prestación. La imposibilidad de cubrir todas las plazas de docentes o sanitarios con personal público se palía a través de acuerdos con instituciones privadas.

Pero la asistencia de ancianos, minusválidos o disminuidos psíquicos ha sido históricamente asumida por organizaciones benéficas sin ánimo de lucro. Algunas han concertado sus servicios, pero la tendencia a la contratación temporal, a través de cesiones del servicio en plazos de dos o cuatro años, crece de manera constante.

Algunos contratos son millonarios. La gestión de la residencias de tercera edad y centro de día de Elche, por ejemplo, por cuatro años se adjudicó por 1.055 millones de pesetas (más de seis millones de euros); en Elda, el contrato sumaba 840 millones de pesetas (5,4 millones de euros).Y la gestión del servicio de atención de los centros a mujeres 24 horas, también por cuatro años, se compró por 1.164 millones (casi siete millones de euros).

La Consejería de Educación ha adjudicado dos contratos multimillonarios entre 1998 y 2001 para ceder los servicios de celador en los comedores de centros docentes por 1.950 millones de pesetas (11,7 millones de euros).

Muchos servicios de asistencia técnica resultan muy jugosos. Presidencia de la Generalitat, renovó entre 1998 y 2001 la cesión de la gestión de la inmensa mayoría del entramado informático de la Generalitat a la empresa semipública Tissat, por 1.575 millones de pesetas (casi 9,5 millones de euros).

Los contratos para gestionar ciertos servicios entrañan un peligro relativo a la inspección que subrayan los responsables de la FSAP. Bienestar Social carece del número de inspectores necesarios. La situación es tal que la propia patronal que agrupa a las empresas que gestionan residencias de la tercera edad ha solicitado la posibilidad de controlar sus propios sistemas de inspección. Cabe preguntarse por el calibre de las sanciones que se impondrían a si mismos en caso de detectar sus propias irregularidades.