La Generalitat recomienda un seguro privado para acceder a una plaza geriátrica

Un informe elaborado por 35 expertos en geriatría por encargo del Departamento de Bienestar Social advierte de que el sistema público no podrá afrontar en solitario la asistencia a los ancianos dependientes. La Administración sólo podrá garantizar la atención básica a los más necesitados, por lo que Bienestar Social recomendó ayer a las familias que suscriban pólizas de dependencia con una aseguradora privada. La demanda de plazas geriátricas aumenta un 15% anual.

La consejera de Bienestar Social, Irene Rigau, recomendó ayer el seguro privado de dependencia en la presentación del Libro Blanco de Atención a los Mayores con Dependencias, un documento que servirá para trazar las políticas del Gobierno catalán en esta materia. Rigau explicó que la atención 'básica' para las personas sin recursos está garantizada, pero añadió que el seguro de dependencia 'será una realidad para muchas personas en el futuro'. Además, Rigau ya ha defendido ante el Ministerio de Asuntos Sociales y otras autonomías la necesidad de promover esta póliza. Bienestar Social matizó ayer por la tarde la recomendación que había hecho por la mañana y precisó que el seguro privado es sólo una de las fórmulas que está estudiando el Gobierno catalán para financiar la atención a los mayores que no pueden valerse por sí mismos.

Cataluña, con casi un 20% de su población mayor de 65 años, es la comunidad autónoma con un mayor número ancianos: 1.100.000 personas. El 13% de ellas -143.000- son consideradas 'dependientes', lo que significa que necesitan la ayuda de otra persona para vestirse, comer o realizar las tareas básicas del hogar.

El seguro de dependencias derivadas del envejecimiento es una fórmula relativamente nueva y muy poco implantada en España. Fuentes del Colegio de Mediadores de Seguros de Cataluña explicaron ayer que 'muy pocas compañías' ofrecen esta póliza, que garantiza la atención domiciliaria de personas mayores. Algunas compañías consultadas explicaron ayer que todavía no ofrecen el servicio, pero que están estudiando la viabilidad de implantarlo.

El Libro Blanco también recoge la necesidad de reformar el actual sistema de atención a los mayores para dar información más clara y precisa sobre los recursos existentes para cada situación de dependencia. Actualmente, la atención a los mayores corresponde a las administraciones local y autonómica, lo que en ocasiones provoca desinformación entre los usuarios. Por esto el documento pide la constitución de un 'único organismo' que coordine los servicios, la atención al usuario y la canalización de la demanda.

Irene Rigau aseguró que la potenciación de iniciativas como el seguro privado no irá en detrimento de la creación de plazas residenciales.

La Generalitat mantiene la promesa de crear 7.000 plazas geriátricas entre 1999 y 2003 y asegura que el plan avanza al ritmo esperado. Sin embargo, la mayor parte de estas plazas no se encontrarán en residencias de titularidad pública, sino que serán contratadas en el sector privado.

Los centros de día y la asistencia domiciliaria son otra opción, aunque no son soluciones válidas para las personas con niveles de dependencia más elevados. En estos casos, los familiares de los ancianos suelen recurrir a las residencias. Cuando llega este momento, las familias y los usuarios con recursos suficientes tienen que desembolsar un mínimo de 1.057 euros al mes. Esto es lo que cuesta una plaza en una habitación compartida y sin baño. Si se quiere una habitación individual con baño el precio se dispara hasta los 1.400 euros de media. Pero los precios son todavía más elevados en la ciudad de Barcelona. Las residencias de la capital catalana son un 15% más caras que la media catalana, lo que obliga a muchas familias a buscar plaza fuera de la ciudad.

La consejera de Bienestar Social, Irene Rigau, también prometió ayer ampliar las ayudas a familias con ancianos dependientes. El programa Vivir en Familia, que actualmente beneficia a unas 3.000 familias con personas dependientes, se extenderá este año a otras 9.000 familias, que recibirán 240 euros al mes para sufragar los gastos derivados de la atención a sus mayores.