Sólo 11 alcaldes, dispuestos a ceder suelo al Gobierno para hacer vivienda social

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, solicitó, por medio de un escrito fechado el 10 de abril, y dirigido a los 179 alcaldes de la región, que éstos cedieran suelo a la Consejería de Obras Públicas. El motivo, 'construir mayor número de viviendas de protección oficial [más baratas], cuyos beneficiarios, en régimen de arrendamiento, podrían ser tanto nacionales como extranjeros'.

Martínez añadía que 'el viceconsejero de Obras Públicas expuso la existencia de presupuesto en su consejería para construir' este tipo de casas. Nueve meses después, la Comunidad ya tiene la respuesta: sólo 11 alcaldes se han mostrado dispuestos. El de Madrid, José María Álvarez del Manzano, ni siquiera contestó a la carta.

Los ayuntamientos que han respondido a la propuesta de la Comunidad son los siguientes: Villarejo de Salvanés, Cadalso de los Vidrios, Nuevo Baztán, Algete, Robregordo, Guadarrama, Chinchón, Villanueva del Pardillo, Villaconejos, Alpedrete y Villa del Prado. Y ni siquiera todos ofrecen suelo (Alpedrete, por ejemplo, solicita más información).

El diputado socialista regional Modesto Nolla considera 'escandaloso' que el Ayuntamiento de Madrid, el mayor y el que más suelo atesora, no haya ofrecido ni un metro cuadrado para que la Comunidad levante viviendas sociales que, en régimen de alquiler, puedan albergar a las familias más desfavorecidas. 'El Ayuntamiento de Madrid no sólo no cede suelo, sino que además se dedica a subastarlo al mejor postor', subraya el diputado, en referencia a las frecuentes ventas de suelo público que la capital lleva a cabo pleno tras pleno, circunstancia que ha sido criticada por el interventor municipal, Vicente Arnau, y la oposición en la Casa de la Villa (PSOE e IU).

A juicio de Nolla, los ayuntamientos que han respondido 'son muy pocos y pequeños, con lo que la cantidad de suelo cedido es insignificante'. El parlamentario regional precisa que muchos municipios 'tienen ya convenios con la Comunidad para levantar viviendas sociales, y ése es el caso de muchos municipios del sur de la región, pero no del Ayuntamiento de Madrid'.

A una pregunta del diputado socialista Francisco Contreras, relativa a las distintas posibilidades de acceso a la vivienda de los inmigrantes, la Consejería de Obras Públicas contestó con un escrito en el que señala su 'preocupación por la falta de cesión de suelo por parte de los municipios madrileños para la construcción de viviendas sociales'.

'Problema solucionado'

Luis Eduardo Cortés, vicepresidente regional y consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, no quiso enjuiciar las distintas políticas municipales de vivienda, y agregó que la Comunidad de Madrid, por medio de su Instituto de la Vivienda (Ivima), 'tiene el problema solucionado'. Cortés afirmó que, en los últimos cuatro años, el Gobierno regional ha comprado en la capital terreno para vivienda pública en los nuevos barrios de Ensanche de Vallecas (850.000 metros cuadrados), Los Berrocales (300.000 metros cuadrados) y Valdecarros (1,4 millones de metros cuadrados).

Además, la nueva Ley del Suelo, aprobada por la Asamblea en 2001, obliga a las promotoras a entregar al Gobierno regional, en los grandes desarrollos, 20 de cada 100 metros construidos. De este porcentaje, la Comunidad reserva un tercio para el Ivima (Instituto de la Vivienda de Madrid), a fin de construir pisos sociales.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que no cede suelo a la Comunidad porque tiene su 'propia política de vivienda, que es gestionada y llevada a cabo por medio de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)'.