Unicef critica la decisión de echar a familias cuyos hijos delincan en Melilla

El presidente del Comité Español del Unicef, Francisco González Bueno, advirtió ayer de que la decisión adoptada por la Junta de Seguridad de Melilla de expulsar a las familias extranjeras con menores delincuentes contradice la defensa del interés superior del menor. González Bueno dudó además de la legalidad de esa medida 'porque no se puede entender una reunificación familiar en sentido negativo y porque parece improcedente aplicar una pena en sentido colectivo', comentó.

Esta resolución fue propuesta por el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Arturo Esteban, en la junta de seguridad, donde participan los responsables policiales pero también los representantes del Gobierno que preside Juan José Imbroda, de Unión por Melilla (UPM), y consiste en que 'a aquel joven al que se le coja delinquiendo, y si lo permite la autoridad judicial, que no sea español y que tenga permiso de residencia, será expulsado de Melilla y también su familia'.

'Toda decisión de la Administración y los tribunales en relación a cualquier menor debe defender el interés superior de éste y la expulsión de un menor que delinque junto a su familia se contradice plenamente con este principio', arguyó González Bueno, quien añadió que más que una actuación para atajar la delincuencia cometida por menores parece 'un intento de quitarse el problema de encima'.

Además, recordó que cualquier decisión que se adopte respecto a los menores debe respetar la Convención de los Derechos del Niño de 1989. En este sentido, advirtió de que el derecho de reunificación familiar no puede entenderse de una manera negativa, es decir, expulsando a la familia cuando se expulsa al menor, sino de forma positiva.

También la responsable de migraciones de IU, Susana López, también se refirió a los convenios internacionales que protegen los derechos de los menores y acusó a las autoridades de Melilla y al delegado del Gobierno de violarlos 'sistemáticamente' con la expulsión cotidiana de niños 'sin las mínimas garantías'. López insta al Ejecutivo a que decida el 'cese fulminante' de Esteban al entender que con esta decisión, 'aberrante' y 'fascista', 'colma el vaso de cualquier sistema democrático'.

También el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, criticó abiertamente esta medida. 'No me gusta lo que ha dicho [Esteban] porque la situación de los menores en España exige más debate público y más iniciativa política de la que se da actualmente'. Asimismo consideró 'globalmente insatisfactoria' la política hacia los menores delincuentes en España, 'donde las respuestas ante un problema complejo por competencias entre Administraciones, no están dando un buen resultado. Hace falta un esfuerzo más titánico'.

Criminalizar a inmigrantes

Por su parte, la responsable de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, anunció que su grupo parlamentario solicitará la comparecencia urgente del Ministro del Interior, Mariano Rajoy, a fin de que explique 'el alcance y la base legal' de esa decisión que calificó de 'grave error, que siembra alarma social, traslada a los ciudadanos una imagen injusta de todo el colectivo y criminaliza tanto a los menores como a sus familias'.

Rumí concluye que 'acuerdos como el adoptado por la Junta de Seguridad Local de Melilla son una muestra del talante intolerante' del Gobierno que trata de resolver su ineficacia ante la inseguridad ciudadana 'echando la culpa a los inmigrantes'.