El Arzobispado de Valladolid se ampara en el Concordato y no da las cuentas a la juez de Gescartera

La institución de Valladolid recurre contra el auto que le requiere sus cuentas de 2000 y 2001

El Arzobispado de Valladolid se ha negado a entregar a la juez Teresa Palacios, que instruye el caso Gescartera, la contabilidad de los años 2000 y 2001, que la magistrada le reclama. Se escuda el Arzobispado en los acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979 donde se establece que 'el Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes' a la Iglesia. El Arzobispado añade que su contabilidad de 2000 y 2001 'no guarda relación' con la investigación, pues en el 2000 no invirtieron y en el 2001 invirtieron pero perdieron.

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El Arzobispado de Valladolid se niega a remitir a la Audiencia Nacional la contabilidad de los dos últimos años y ha presentado un recurso de reforma del auto judicial donde considera que esa solicitud 'no es ajustada a derecho ni pertinente, ya que la prueba solicitada no guarda relación alguna con los hechos que se están investigando': el escándalo de Gescartera, la agencia de valores en la que fueron estafados 1.383 clientes y se evaporaron 15.578 millones de pesetas (93,6 millones de eruos).

La abogada del Arzobispado argumenta que sí entregó 'los documentos que acreditan la relación financiera' que éste 'mantuvo con la entidad Gescartera durante los años 1996 y 1999 y que eran soporte de la nota manuscrita entregada por el señor ecónomo en su comparecencia' ante el juzgado. El ecónomo Enrique Peralta también esgrimió una nota manuscrita como resumen de sus inversiones en Gescartera durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de investigación de este escándalo. Los diputados le reclamaron tanto una copia de la nota como de los documentos que en ella se resumían. Pero Peralta nunca remitió esa información al Parlamento.

En su negativa al requerimiento de la juez, el Arzobispado se escuda en el artículo 1.6 del Concordato, firmado entre el Estado español y la Santa Sede en 1979. Ese artículo dice: 'El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas'. El Arzobispado se ampara en este artículo 'para solicitar la inviolabilidad de sus documentos', que considera 'privados'. Y añade que 'no alberga duda alguna respecto a la valoración e interpretación que el juzgado realizará del acuerdo internacional citado'. Pese a esta determinación de ampararse en el Concordato para no facilitar su contabilidad, el Arzobispado aclara que 'no tiene inconveniente en no acogerse' a esa excusa si el juzgado 'estima, justifica y expresa que exite relación directa entre la prueba solicitada y los hechos objeto de investigación'.

Según su argumentación, el Arzobispado fue también víctima de Gescartera, pues aunque en 2000 no invirtió allí, en febrero de 2001 colocó 25 millones de pesetas y los perdió. El problema, para la investigación judicial, es que durante los primeros meses de 1999, el Arzobispado de Valladolid fue presuntamente el principal colaborador de Gescartera en su tarea de engañar a los técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En aquellas fechas, como se documentó en la comisión parlamentaria, el Arzobispado ofreció las más diversas y contradictorias respuestas a la pregunta de la CNMV de cuánto dinero tenía en Gescartera, aunque el máximo eran 30 millones de pesetas. Pero en mitad de esa investigación fallida de la CNMV -en la que se intentó apoyar el equipo de Supervisión que dirigía David Vives para reclamar la intervención de la sociedad de cartera-, Enrique Peralta recuperó 1.100 millones de pesetas de Gescartera. Las contradicciones del económo se repitieron en sus declaraciones en el Parlamento, donde dijo que los 1.100 millones procedían de donaciones y letras del Tesoro, pero ante la juez matizó que había vendido fincas recibidas en herencia para invertir en Gescartera. El ecónomo fue condenado por hacer mal uso de una herencia.

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