La patronal reitera su apoyo a dragar el Guadalquivir pese al rechazo arrocero

La Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio de Sevilla convocaron ayer una conferencia de prensa para arropar el proyecto de ampliación que impulsa la Autoridad Portuaria hispalense. La patronal quiso así salir al paso de las críticas de los arroceros y Asaja, que han enviado sendas quejas a Bruselas por el impacto que tendrá la obra de dragado del canal del Guadalquivir en las 45.000 hectáreas de cultivo (arroz fundamentalmente) que se extienden en los márgenes del río. 'Estos extremismos pueden cargarse una iniciativa de desarrollo para la ciudad', afirmó el presidente de la patronal, Rafael Guerrero. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández consideró que la afección de la obra sobre el arrozal es 'insignificante' y recalcó que el proyecto incluye 1.500 millones en medidas compensatorias para paliar el impacto ambiental.

Los arroceros aseguraron hace una semana que el aumento de salinidad que conllevaría el aumento de calado del canal de navegación podría 'arruinar' al sector, por lo que piden la construcción de una esclusa más allá de sus cultivos. Los regantes, además, creen que proponer un desembalse de 14,5 hectómetros cúbicos más al año para contrarrestar la mayor salinidad no es una medida factible en una cuenca deficitaria como la del Guadalquivir. 'Cada año se desembalsan 400 hectómetros cúbicos para este cultivo, sería un aumento imperceptible', aseguró Fernández, quien rechazó de plano la iniciativa de trasladar el puerto diez kilómetros al sur que amparan los arroceros. 'Con fundamentalismos de partida es muy difícil negociar pero estamos abiertos al diálogo', afirmó el presidente de la Autoridad Portuaria.

Las medidas compensatorias se dirigen fundamentalmente a apuntalar los márgenes del río y defender así los ecosistemas del valle, una de las principales exigencias del Patronato de Doñana que también mostró su rechazo al dragado. El proyecto, valorado en 12.000 millones (también hay prevista una nueva esclusa por 5.000 millones), está pendiente de la evaluación del Ministerio de Medio Ambiente y de la Comisión Europea, ya que aspira a ser financiado con fondos estructurales.