Madrid y Londres estudian compartir la soberanía sobre Gibraltar indefinidamente

Los representantes españoles y británicos que preparan la próxima reunión ministerial sobre el contencioso de Gibraltar, prevista para finales de mes o primeros de febrero, negocian un acuerdo por el que Madrid y Londres compartirían la soberanía sobre el Peñón y consideran, entre otras hipótesis, la posibilidad de que sea por tiempo indefinido. España, por primera vez, no presenta una oposición insalvable a esta hipótesis, debido a que el Reino Unido se muestra dispuesto, a diferencia de otras ocasiones, a firmar un acuerdo aunque los gibraltareños lo rechacen.

El deseo español de que el eventual acuerdo deje claro que, aunque el régimen de cosoberanía no esté sujeto a plazo fijo, España seguirá reivindicando la plena soberanía sobre el Peñón y de que el compromiso incluya alguna vía que dé pie a la realización futura de esa demanda, será uno de los serios escollos que los negociadores deberán superar para plasmar en términos jurídicos el compromiso político expresado el pasado mes de noviembre en Barcelona por el ministro español de Exteriores, Josep Piqué, y su homólogo británico, Jack Straw, de encontrar una solución al contencioso antes de que termine el próximo verano.

Pero el deseo de llegar a un compromiso entre Madrid y Londres, incluso si los gibraltareños lo rechazan, es claro y nuevo. Desde que, en 1984, el Reino Unido aceptara dialogar con España sobre la soberanía del Peñón, los británicos se habían negado sistemáticamente a cualquier tipo de acuerdo, alegando que los gibraltareños se oponían.

Piqué, por su parte, moderó en Barcelona la tradicional oposición española a que el Reino Unidos someta a referéndum de los llanitos los términos de un eventual acuerdo hispano-británico, como exige la Constitución gibraltareña. Sin la aprobación de éstos, el compromiso que Piqué y Straw buscan para modificar el estatuto de Gibraltar, y por tanto el Tratado de Utrecht, no podrá ser aplicado. Y aunque Londres ha sugerido que los privilegios fiscales que hoy sustentan la vida de la colonia tienen los días contados, no parece fácil que las objeciones de los gibraltareños vayan a decaer antes del otoño de 2003, que, de acuedo con el calendario trazado, se presenta como la fecha límite para el referéndum.

'El acuerdo hispano-británico sería útil incluso si fuera rechazado en la consulta, porque marcaría un hito en la historia del contencioso, de modo que la próxima negociación debería arrancar de lo conseguido ahora', sostiene una fuente diplomática española.

También fuentes diplomáticas británicas reconocen que 'un acuerdo sería un avance en cualquier situación, aunque no se aplique', pero añaden que no es ése el objetivo, sino que existe 'la intención clara de presentar a Gibraltar lo que consideramos una buena solución'. 'Reconocemos que va a ser muy difícil convencer a los gibraltareños de que la opción que les ofrecemos es la mejor. Para ello, vamos a necesitar mucho apoyo del Gobierno español', añade la misma fuente.

En 1997, España trabajó sobre la hipótesis de una soberanía compartida durante 100 años, plazo que el entonces ministro de Exteriores, Abel Matutes, redujo a 50 años cuando presentó, en 1998, su oferta de negociación. Los gibraltareños rechazaron de plano que se prejuzgara el traspaso de la soberanía y las conversaciones quedaron rotas hasta el pasado mes de julio. Por eso, ahora se baraja la hipótesis de una soberanía compartida durante un tiempo indefinido.

Fuentes británicas reconocen que 'el tema de los plazos o de un acuerdo por tiempo indefinido es el más delicado de la negociación' y precisan que 'todavía no se ha llegado a un modelo que sea definitivo'. 'No hay posición firme sobre el tiempo indefinido, es uno de los elementos que se discute pero todavía no está resuelto', añaden las fuentes.

En medios diplomáticos españoles se admite que la soberanía compartida por tiempo indefinido 'es una hipótesis, entre otras' y se señala igualmente que la verdadera negociación ni siquiera ha comenzado, en el sentido de que las partes aún no han enseñado sus cartas. Sí han tenido que comentar las posibilidades, porque el tiempo apremia y el trabajo jurídico a realizar es complicado. Al final, la decisión última dependerá del Gobierno y el presidente José María Aznar será quien ponga los límites de la partida.