El Gobierno central delega en ONG la atención a inmigrantes en Cataluña

Al final no habrán albergues para inmigrantes en Cataluña. El Ministerio de Trabajo anunció ayer que ha encargado a Cruz Roja y Cáritas que se hagan cargo de la atención a inmigrantes en pensiones, pisos y pequeñas residencias. Con esta fórmula, el ministerio pretende evitar nuevas crisis motivadas por la presencia en la calle de grupos de inmigrantes sin techo. Trabajo ha acordado con la Generalitat diseñar conjuntamente una red con 350 plazas dirigidas a atender de forma temporal inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

El compromiso anunciado ayer por el director general del IMSERSO, Alberto Galerón, aunque trufado de indefiniciones, pone fin al conflicto sobre qué administración es la responsable de acoger a inmigrantes en situación irregular. El reglamento de la Ley de Extranjería deja claro que el Ministerio de Trabajo tiene que crear una red de centros de migraciones para dar cobijo a estas personas, pero el Gobierno no lo había acatado hasta ahora.

La consejera de Bienestar Social, Irene Rigau, y Alberto Galerón comparecieron ayer en rueda de prensa para dar fe de la voluntad de ambas administraciones para acabar con el problema de los inmigrantes sin techo. Y la solución pasa por las organizaciones no gubernamentales (ONG) que ya contribuyeron a solucionar el encierro de inmigrantes en iglesias de Barcelona y el desalojo de la plaza de Cataluña del pasado agosto. Cruz Roja y Cáritas se repartirán las tareas de acoger hasta 350 inmigrantes cada día en sus centros de acogida, pisos y pensiones repartidos por toda Cataluña. Estas ONG acogen actualmente a 150 personas.

El objetivo final es evitar que se repitan las escenas del pasado agosto en Barcelona, cuando decenas de inmigrantes sin techo se quedaron sin ser acogidos por tener abierto un proceso de expulsión. Galerón prometió que, a partir de ahora, las administraciones 'no distinguirán entre personas en situación regular o irregular para dar acogida, sino que tendrán en cuenta si las personas están o no en una situación gravísima de vulnerabilidad'.

Servicio descentralizado

La colaboración de las ONG evitará tener que construir albergues específicamente para inmigrantes como se hizo en Algeciras, Ceuta, Melilla o Fuerteventura. Este modelo se ha mostrado ineficaz en muchas ciudades, ya que no ayuda a la integración de los nuevos llegados. Además, según Irene Rigau, con el modelo acordado, 'se podrá dar servicio a los inmigrantes estén donde estén, no sólo en Barcelona'.

El Ministerio de Trabajo cifra el coste del operativo en 2,1 millones de euros anuales, unos 350 millones de pesetas. Aunque el Gobierno no se ha comprometido por el momento a aportar el total del presupuesto, el Departamento de Bienestar da por hecho que será la Administración central quien sufragará la totalidad del plan. Aparte del dispositivo de acogida, Generalitat y Gobierno central han acordado crear una mesa de trabajo junto a las ONG para gestionar los recursos de atención a los inmigrantes. En este grupo también estarán invitadas las administraciones locales.

El Ayuntamiento de Barcelona considera positivo el acuerdo alcanzado entre la Generalitat y el Ministerio de Trabajo. 'Esto confirma lo que siempre ha dicho el consistorio, que la acogida de inmigrantes es competencia de las comunidades autónomas y la Administración central', dijo un portavoz. Sin embargo, el Ayuntamiento no considera suficiente la aportación prevista por el Gobierno Central. '350 millones no bastan para atender todo el dispositivo', recordó el mismo portavoz municipal.