Desterrada por robar un libro

Teresa Ortiz Escrivá, estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia, tiene prohibido entrar en cualquiera de las cuatro bibliotecas de la institución hasta el próximo 1 de octubre. Tal castigo lleva la rúbrica del rector, Pedro Ruiz, y le fue impuesto a la estudiante por intentar sustraer un libro de la biblioteca.

El carné universitario de Teresa condensa en su banda magnética una vasta memoria de usuaria habitual del servicio de préstamo de la biblioteca, sin incidentes previos al que dio origen a su expulsión temporal de los espacios de uso y consulta de los fondos académicos. El 28 de marzo de 2000, Teresa intentó burlar los detectores quitándole las tapas a un anuario de consulta. No era un valioso códice ni un volumen de precio desorbitado ni un ejemplar descatalogado. Pero lo común del ejemplar que pretendía apropiarse no fue razón para que Pedro Ruiz -ahora en periodo de elecciones- no hiciera caer sobre Teresa el sentido literal del artículo 5.a.5. del Reglamento Disciplinario Académico. A saber: norma que data de 1954, que aún está vigente y que versa sobre la falta de probidad (cuyos sinónimos más próximos serían algo así como falta de honestidad o comportamiento inadecuado).

El rector de la Universidad de Valencia aplica un castigo recogido en una norma de 1954

La sanción impuesta por el rector a la estudiante ha sido ahora confirmada por una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El magistrado ponente, José Bellmont Mora, ha considerado igualmente falto de probidad el comportamiento de Teresa -cuya abogada, Amparo Gómez Romero, no quiso hacer declaraciones al conocerse el fallo del TSJCV- y ha dado la razón a la Universidad.

O sea, que la alumna sigue castigada hasta el próximo mes de octubre por un intento de sustracción en el sagrado espacio de la biblioteca de Ciencias Sociales, bautizada en el curso 98-99 con el nombre del jurista, historiador y bibliotecario real de planteamientos reformistas Gregorio Mayans (1699-1781), cuyos trabajos de crítica histórica provocaron tal revuelo en la Valencia de 1742 que vio embargada su obra y secuestrados sus manuscritos.

Teresa, con parecido espíritu crítico, sorprendió a propios y extraños cuando, tras conocer la reprimenda que se le aplicaba por su acción, decidió acudir a los tribunales. Y, siquiera provisionalmente, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Valencia consideró el 24 de abril de 2001 que el ilustre rector de la Universidad de Valencia no había dictado una resolución conforme a derecho. Pero éste hizo valer su derecho de recurso y ahora ha visto cómo la justicia cae de su lado en el ejemplar castigo académico.

'Estamos contentos por el fallo del tribunal', explica Francisco Morales, vicerrector de infraestructuras y planificación, responsable de las bibliotecas desde que fuera vicerrector de estudios. Dice Morales que 'lo importante no es el valor material del libro, sino la actitud de hacer un mal uso de bienes públicos y, además, de impedir que otros alumnos puedan tener acceso a una información'. De hecho, Morales recuerda que antes de 1998 el castigo por tratar de apropiarse del libro ajeno era una multa o la suspensión del derecho al servicio de préstamo: 'Pero los propios alumnos se quejaron porque entendían que se penalizaba de igual forma a quien entregaba un libro tarde o en malas condiciones que a quien trataba de hurtar un volumen'. Como consecuencia, se introdujo una reforma en el reglamento por la que correspondía abrir expediente disciplinario a quien intentara robar un libro. Lo que equivalía a poner sobre la mesa del rector los detalles de un comportamiento y que él, a tenor de la gravedad del mismo, decidiera el castigo ad hoc.

Morales, que vigila las cuatro bibliotecas de la Universidad de Valencia -con 55.000 alumnos-, minimiza la acción de Teresa porque 'cada año se producen entre ocho y diez sanciones de este tipo, pero lo sorprendente es que esta alumna decidiera acudir a los tribunales. Nadie lo había hecho, máxime cuando ella reconoció su intención de llevarse el libro y conocía, como todos los alumnos, que, de ser sorprendida, se le abriría expediente disciplinario'. La Universidad de Valencia, cinco veces centenaria y a la vanguardia del nuevo milenio, se satisface de penar según un reglamento de la época franquista la falta de lealtad.