El TC suspende parte del decreto de euskaldunización de la Justicia

El Tribunal Constitucional ha suspendido por seis meses varios capítulos y disposiciones adicionales del decreto que regula la euskaldunización de la administración de Justicia, en una resolución que impedirá al Gobierno fijar preceptividades y perfiles lingüísticos a los puestos de trabajo. La suspensión no afecta, por contra, a la planificación lingüística, el proceso de de los funcionarios o las prioridades para establecer sus liberaciones para seguir cursos intensivos.

El TC estudia un conflicto de competencias planteado por el Gobierno central el pasado 8 de noviembre contra el decreto del Ejecutivo vasco para la normalización lingüística en la Justicia y, al haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, está obligado a acordar la suspensión temporal de la norma impugnada. En un plazo de seis meses el TC deberá ratificar o levantar la suspensión.

El Departamento de Justicia del Gobierno vasco, que conoce la medida desde el pasado 17 de diciembre, la dio a conocer ayer, junto con unas declaraciones de su titular, Joseba Azkarraga, que acusó al Gobierno Aznar de 'vulnerar los derechos de la ciudadanía vasca a expresarse y vivir dentro de los dos idiomas de nuestra Comunidad'. Azkarraga calificó de 'obstruccionista' para con la adecuación de la administración de Justicia 'a una sociedad bilingüe' el intento del Gobierno central de que el TC le atribuya competencias que a su juicio corresponden a la Administración autonómica.

Defensa jurídica

El consejero anunció firmeza para la defensa jurídica de sus competencias frente a lo que considera 'una nueva vulneración de ellas' y el mantenimiento 'en todos los ámbitos e instancias de la vigencia y validez del Decreto en su integridad'. El decreto cuestionado por el Gobierno central data del 26 de junio de 2001. En septiembre la Administración central formuló el requerimiento previo para que el Ejecutivo vasco se declarara incompetente, que éste rechazó el 16 de octubre. El Consejo de Ministros acordó plantear el conflicto de competencias ante el TC el 8 de noviembre.

Las partes del decreto en cuestión son sus capítulos II (relativo a la definición de los perfiles lingüísticos), III (el que contiene los objetivos de asignación de aquéllos y establece los porcentajes), IV (que fija la acreditación de la capacitación a través de los exámenes del IVAP) y V, que recoge el régimen de exenciones en la obligatoriedad del aprendizaje, por razones de edad fundamentalmente.

El Gobierno central rechaza también que el plazo de 10 años fijado para el cumplimiento de los objetivos del plan empiece a contar desde la fecha de entrada en vigor del decreto y cuestiona asimismo el establecimiento de un convenio con el Instituto Vasco de Euskaldunización (HABE) para la organización de los cursos. Actualmente, más de 500 funcionarios de Justicia están asistiendo a cursos de euskera.