Dos acusados en el juicio por fraude en el IVA sostienen que fueron utilizados

La Audiencia de Málaga acogerá durante todo este mes de enero las sesiones del juicio por el fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) más voluminoso registrado en Andalucía. Un total de nueve acusados -el supuesto cerebro de la trama y décimo acusado ya ha fallecido- se sientan desde ayer en el banquillo para responder de un desfalco que la fiscal del caso calcula por encima de los 5.000 millones de pesetas. Ayer declararon los dos testaferros de la trama, que negaron su responsabilidad.

La fiscal solicita penas de entre dos y 25 años de cárcel para los implicados en la trama que, según el escrito de acusación, arranca en el año 1987 con la creación de varias sociedades fantasmas radicadas en la provincia de Málaga. Estas empresas se utilizaban para emitir facturas falsas que compraban después empresarios reales con la finalidad de ahorrarse dinero en la declaración del IVA.

El supuesto cerebro de la trama fue el ingeniero ya fallecido Francisco García Ruiz, a quien ayer señalaron en sus declaraciones los primeros acusados escuchados por la sala. La fiscal del caso, María Angustias Santaolalla, considera que la operación no hubiera podido llevarse a cabo sin la colaboración del inspector de Hacienda Juan García Ruiz, hermano del fallecido. Sin embargo, el abogado defensor de éste aprovechó sus primeras intervenciones para subrayar que ambos hermanos habían roto relaciones dos años antes de la creación de las empresas ficticias.

El tribunal escuchó ayer los testimonios de dos de las personas acusadas de haber ejercido de testaferros en las empresas creadas para emitir facturas falsas. Alonso Cañamero, para quien la fiscal pide siete años y seis meses de cárcel por falsedad en documento mercantil, delito fiscal y estafa, reconoció que, como empleado de Francisco García Ruiz, ejercía labores de administración en algunas de las empresas de éste, pero dijo que él había sido 'un administrador que no disponía de dinero para administrar', y negó que se hubiera lucrado con las operaciones de fraude a Hacienda. La fiscal, sin embargo, sostiene que Cañamero tenía firma autorizada en las cuentas de las empresas ficticias y se encargaba de hacer movimientos de dinero entre estas cuentas y otras abiertas a su nombre.

Por su parte, Francisco García Fernández dijo que su trabajo para Francisco García Ruiz se limitaba a desempeñar funciones de chófer y 'hacer algunos recados'. Explicó que, por motivos personales, en aquella época necesitaba completar su sueldo de policía y que el ingeniero fallecido lo empleó para esas labores. La fiscal pide para él dos años de cárcel por falsedad en documento mercantil y tres meses de arresto como cómplice de estafa, ya que figura como administrador en las empresas y como arrendatario del local en que se domicilió una de ellas.