Una treintena de inversores denuncia a un 'banco filatélico' que cerró sin pagarles

El Banco Filátelico Español, SA (Banfisa), una entidad de inversiones en sellos de correos, se ha convertido en la pesadilla de una treintena de particulares. Éstos han denunciado que la empresa ha cerrado sus oficinas, en la calle de la Montera, sin haberles pagado las cantidades que ellos invirtieron en los últimos 15 años. Los afectados calculan que la supuesta estafa alcanza los 600.000 euros (unos 100 millones de pesetas). A la mayoría de ellos, Banfisa les ha dejado de abonar 12.000 euros (unos dos millones de pesetas). Pero, en algunos casos, la cifra supuestamente estafada llega a los 72.000 euros por cliente. La policía investiga ahora el paradero de los administradores.

La historia de Banfisa arranca a finales de los años ochenta, cuando la entidad empezó a captar clientes. Las modalidades que utilizaban sus agentes comerciales eran muy diversas, según describen los afectados. En algunas ocasiones, los empleados se presentaban en domicilios particulares y ofrecían sus productos. En otras, los representantes de la empresa lograban los datos de parejas que acababan de tener un hijo en un centro hospitalario, les telefoneaban y les regalaban unas 20.000 pesetas (120 euros) en sellos, a condición siempre de que invirtiesen en la empresa. Las cantidades entregadas por cada cliente oscilaban entre 5.000 y 15.000 pesetas mensuales, según aseguran los denunciantes.

En el contrato que firmaban los representantes del banco y sus clientes quedaba recogido que los inversores recibirían un interés del 15% en los primeros cinco años y de un 20% en los cinco siguientes. Banfisa sólo ponía una condición para devolver lo invertido: no se podían recuperar las cantidades entregadas antes de diez años. Al final de ese periodo, la entidad se comprometía a devolver lo invertido, más los intereses, en sellos de correos.

Los altos intereses prometidos, normales para los años ochenta, no levantaron nunca sospechas. Banfisa tenía su sede social en la calle del Príncipe (barrio de las Letras), y a este domicilio acudían siempre los inversionistas cuando se les planteaba alguna duda.

Las irregularidades comenzaron, según los afectados, cuando se cumplieron los diez años del contrato (hacia 1997) y ya era tiempo de recuperar lo invertido. Muchos clientes acudieron a la calle del Príncipe y se toparon con que la oficina estaba cerrada. Gracias al portero de la finca supieron que la entidad había cambiado su domicilio a la calle de la Montera, también en el distrito de Centro.

Los afectados se personaron en la nueva sede social y reclamaron lo que se les adeudaba. La entidad les entregó entonces, tal y como estaba pactado, varias colecciones de sellos, de países africanos. 'Pero antes tuvimos que pelear con los directivos' de la entidad, recuerda Pedro Jesús Pozancos, uno de los supuestamente estafados. 'Mi abogado me aconsejó que cogiera cuanto antes los sellos', dice.

Pero una nueva sorpresa esperaba a los inversores. Cuando éstos se dirigieron a diversas filatelias de la capital para tasar los timbres que les había entregado Banfisa, los expertos les anunciaron que los sellos valían poco más de 120 euros (unas 20.000 pesetas). 'Acudí de nuevo a Banfisa y les dije que se quedaran con los sellos, porque no cubrían ni de lejos las 900.000 pesetas [5.400 euros] que tenía que haber recibido al final de la inversión', continúa Pozancos.

La entidad de inversiones se comprometió entonces a recomprar los sellos por la cantidad prometida si, transcurridos tres años, los inversionistas no los habían revendido a un tercero. Esta nueva opción demoró otra vez el cobro.

Plazos sucesivos

Pero los nuevos plazos expiraron el verano pasado. Nemesio Alonso, un inversor de Moratalaz, lo relata así: 'Tampoco nos pagaron. Nos pidieron que esperáramos un poco más, ya que la empresa no había logrado vender los sellos [que los clientes habían vuelto a entregar a Banfisa tras ese plazo de tres años], y nos aseguraron que en 15 o 20 días tendrían liquidez'.

El último plazo fijado para devolver el dinero cumplió el pasado 12 de octubre. Los inversionistas regresaron entonces a la sede de Montera y allí se enteraron de que la empresa había sido desahuciada por impago del alquiler de los dos últimos meses. 'No lo dudé un segundo y les denuncié, porque es inadmisible que jueguen con las ilusiones de las personas', subraya Alonso, que tendría que haber cobrado 12.020 euros (unos dos millones de pesetas).

Este periódico ha intentado, sin éxito, hablar con la administradora única de Bafisa, María del Carmen Navarro Sanz. Una persona cercana a ella dijo que la mujer no atiende llamadas por estar en 'tratamiento médico'. La policía investiga ahora a todas las personas que han tenido alguna responsabilidad en la empresa. 'Estamos convencidos de que llegarán más denuncias, ya que hay personas que todavía siguen pagando', señalaron fuentes policiales.