Fomento, condenado por un percance por la lluvia en la M-30

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Fomento a pagar 521.524 pesetas (3.134 euros) por los graves daños que sufrió un automóvil que se quedó atrapado en un socavón de la M-30 inundado de agua por la tormenta que cayó sobre Madrid el 16 de mayo de 1998. Al llegar al kilómetro 28 de la M-30, cerca de la avenida de la Ilustración, el coche de Fernando Javier Peláez Martínez quedó atrapado en un inmenso charco, 'tras haberse roto los colectores y las alcantarillas del lugar', según la sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Margarita Robles, ex viceministra de Interior.

La Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo considera que, dado que 'los sumideros destinados a la evacuación de agua estaban taponados', el Ministerio de Fomento es responsable patrimonial de los daños sufridos por el coche Lancia Prisma propiedad de Peláez. La sentencia explica: 'Cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos debe ser, en principio, indemnizada (...). De otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que debe ser soportada por la comunidad'.

Tras el suceso, el conductor reclamó a Fomento -adjuntando la factura del taller en el que reparó el coche- el pago de los daños originados en su vehículo, pero el ministerio no respondió a su solicitud (silencio administrativo). El tribunal cree que Fomento sí es responsable de esos daños, pues 'omitió la diligencia que le era exigible para mantener las vías públicas en estado de asegurar la correcta circulación de los vehículos sin riesgo para los mismos'. La indemnización acordada por el tribunal se ajusta al importe de la factura del taller, que el automovilista tuvo que pagar de su bolsillo. El coche, según el abogado del afectado, José Luis Cosano, quedó en un estado calamitoso. 'Hubo que rectificar cilindros, planificar la junta de culata, las vávulas, el turbo y las juntas del motor', asegura.

La tromba de agua caída el 16 de mayo de 1998 obligó a la Policía Municipal a cortar el tráfico en el tramo de la M-30 comprendido entre el desvío a El Pardo y la avenida de la Ilustración, lo que acarreó apuros a más de un automovilista. Unos meses antes, Fomento había gastado 130 millones de pesetas (781.300 euros) en construir dos muros de protección y dos colectores para evitar la formación de bolsas de agua en el kilómetro 24 de la M-30, cerca del Club de Campo.

'Se formó un charco inmenso. Cuando yo me quedé atrapado, ya estaban en la misma situación un Citroën Xantia y un Volkswagen. Logré salir por una ventana cuando el agua me llegaba a la cintura', rememora Peláez. Su coche, un Lancia Prisma turbodiésel, sufrió graves daños en el motor a causa del agua. Peláez recuerda que la riada llegó a dejar atrapado 'incluso a un coche patrulla de la Policía Municipal' [el que tenía el indicativo D-1540, según precisa la sentencia], 'que tuvo que ser rescatado por una grúa'.

Informe policial

Para decretar la indemnización, los jueces han estudiado un informe que la Policía Municipal de Madrid elaboró sobre las fuertes tomentas caídas en esa fecha en Madrid. Los agentes cuentan en ese informe que 'sobre las 16.35' del 16 de mayo de 1998 fueron requeridos 'en el kilómetro 28,380' de la M-30 porque se había producido un gran socavón en la calzada del que salía 'agua con gran presión', como 'consecuencia de la rotura de los colectores y alcantarillas del lugar', así como por la profusa lluvia caída. Al ver el agujero abierto en la calzada, los agentes cortaron los carriles derecho y central y avisaron al servicio de conservación de la M-30. El informe detalla que, antes de llegar a ese punto, los policías observaron otro embalsamiento de agua en el kilómetro 26, con dirección al Puente de los Franceses, y que bajo el puente había varios vehículos atrapados, por lo que tuvieron que ayudar a sus ocupantes a salir de los coches.

En el informe se indica asimismo que ese día gran parte de los sumideros de la M-30 quedaron taponados 'como consecuencia del arrastre de agua con todo tipo de rastrojos y basuras'.

Basándose en ese parte policial, el abogado de Peláez interpuso recurso contencioso-administrativo contra Fomento, tras lo que el abogado del Estado, en representación del Gobierno, solicitó a la Audiencia Nacional la desestimación del recurso.

Según la sentencia -dictada hace unos meses y cumplida en parte por el ministerio-, fue la lluvia caída ese día, junto con la rotura de colectores y sumideros, lo que propició el levantamiento de parte de la calzada en el kilómetro 28, en el que quedó atrapado el vehículo del demandante. Aparte de las 521.524 pesetas, los jueces condenan también a Fomento a pagar los intereses devengados desde entonces de esa cantidad.

El ministerio ya ha abonado a Peláez las 521.524 pesetas por la reparación del coche, pero se niega a pagar los 'intereses legales' devengados. Esto ha hecho que Peláez haya vuelto a recurrir a la Audiencia para que obligue al Gobierno a abonarle dicha cantidad.