Los empleados de Boliden intensificarán su protesta ante la 'falta de soluciones' de Junta y Gobierno

Los trabajadores de Boliden Apirsa, propietaria de la mina de Aznalcóllar, están decididos a intensificar sus movilizaciones para conseguir de Junta y Gobierno apoyo financiero a un plan de prejubilaciones para unos 200 empleados y la garantía de recolocación en otras empresas para el resto de la plantilla, que suma 420 personas. Agapito Ramírez, portavoz de los trabajadores que mantienen un encierro en las instalaciones de la mina desde hace 18 días, anunció ayer un 'cambio de ritmo' en las protestas ante la 'falta de soluciones', a falta de sólo dos semanas para la ejecución del expediente de despido.

Los mineros de Aznalcóllar dirigen ahora sus reivindicaciones hacia las Administraciones. Con la empresa, que está en suspensión de pagos y abandona definitivamente este mes la explotación, pactaron un acuerdo laboral en diciembre que recogía 4.000 millones de indemnizaciones para la plantilla, aunque la mitad del pago está aplazado hasta 2004. La primera exigencia de los trabajadores es que la Junta presente un aval que garantice ese cobro, una iniciativa que la Administración autonómica ha rechazado.

'La mezquindad de las dos Administraciones nos enfrenta a una situación muy poco halagüeña, pero los trabajadores no abandonarán la mina hasta que no se les ofrezca una solución global a sus problemas', indicó Guillermo Macías, portavoz del comité de empresa. El centenar de empleados que llevan encerrados tres semanas celebraron ayer un almuerzo con los medios de comunicación en las instalaciones de la mina, al que también acudieron representantes del comité de empresa, criticado por los trabajadores por su estrategia de negociación con las Administraciones.

La plantilla se reunirá hoy para decidir el inicio de nuevas movilizaciones y aumentar así la presión sobre Junta y Gobierno. Los trabajadores quieren que el consejero de Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, concrete su plan de recolocaciones para los 200 empleados que no entrarían en el plan de prejubilación. Viera prevé que unas 85 personas podrían participar en el plan de abandono de la mina y la Consejería habría contactado con seis empresas para que se ubicaran en el parque industrial que la Junta quiere promover en Aznalcóllar.

Del Gobierno central, los trabajadores de Boliden reclaman un tratamiento similar al de la minería del carbón en casos de cierre de actividad: la garantía de que los empleados despedidos podrán cobrar dos años de paro y la aplicación de coeficientes reductores que fijen la fecha para acceder al plan de prejubilaciones en los 48 años. Los trabajadores rechazan además utilizar las indemnizaciones como aportación al plan.

Por otra parte, el consejero de Agricultura, Paulino Plata, negó ayer que exista un compromiso de la Junta para eximir del impuesto sobre la renta a los agricultores cuyas fincas fueron expropiadas tras el vertido tóxico originado en Aznalcóllar, informa Leonor García. Plata, frente a las críticas de algunos propietarios, recordó que ese tributo depende de la Administración central.