El Consell incumple por sexto año la catalogación de las zonas húmedas

Unas navidades más, otros doce meses borrados del calendario y, de nuevo, un año sin que el Consell haya aprobado el Catálogo de Zonas Húmedas. Desde diciembre de 1995, y ya han pasado seis años, el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, tiene que sacar el listado que daría protección, sin margen de dudas, a los valiosos enclaves en él incluidos. Ni la lista provisional, todavía sin aprobar oficialmente, ni las medidas de protección cautelar dictadas para los 45 humedales allí nominados han evitado su progresiva destrucción.

La aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas, presentado por el consejero Fernando Modrego el 26 de junio de 2000, hace más de año y medio, es inminente, se afirma desde antes de verano en la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, siguen pasando los meses sin que nada se sepa de la lista. Un catálogo que debería estar aprobado, por mandato legal, desde diciembre de 1995. Así, la ley 11/94 de Espacios Naturales Protegidos daba, el 27 de diciembre de 1994, un año para aprobar la lista. Después de tres años de incumplimiento por parte del Consell, Zaplana decidió darse prórrogas anuales mediante las leyes de acompañamiento de los presupuestos. Pero ni en los presupuestos de 2001 ni en los de este año se ha incluido la disposición que permitía dilatar la aprobación, por lo que el Consell lleva ahora más de un año fuera de juego y acumula seis años de retraso.

Para los ecologistas no es una cuestión baladí, ya que la destrucción de los humedales valencianos constituye uno de los mayores problemas ambientales de la Comunidad. Más aún cuando, recuerdan, ya en la última legislatura socialista se completó un listado con 78 enclaves que cayó en el pozo del olvido. Incluso el consejero durante cuatro años José Manuel Castellá, de Unión Valenciana, presentó oficialmente en febrero de 1998 otro documento, con 32 zonas húmedas, que el PP bloqueó hasta el final de la legislatura.

Una vez en el Gobierno autonómico con mayoría absoluta, Zaplana decidió iniciar de nuevo el proceso. Modrego prometió hacer un catálogo 'más detallado' (a 1:10.000, la misma empleada por Castellá) y ordenó su redacción tras las elecciones de junio de 1999. Lo concluyó y presentó oficialmente hace 18 meses. Incluía 45 zonas húmedas y daría protección una vez aprobado a 45.057 hectáreas. La exposición al público, la tramitación de las alegaciones y la redacción de los dictámenes de los órganos consultivos ya se han cumplido. Sin embargo, el catálogo sigue bloqueado. Y aunque el Consell dictó medidas de protección cautelar para los 45 marjales, albuferas, manantiales, lagunas, saladares y embalses incluidos, las agresiones a estos espacios prosiguen, según denuncian los ecologistas, sin que la Administración autonómica lo evite.

Los últimos días de cada año, además de suponer una puntual cita con el turrón y las uvas de año nuevo, sirven para recordar, invariablemente desde hace seis años, que el Consell sigue incumpliendo su obligación de aprobar el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valeciana. Y también sirve para constatar la progresiva pérdida de superficie y en valores ecológicos de estos enclaves, considerados prioritarios por la legislación europea.

Aunque bajo las tesis ecologistas, la ley 11/94 de Espacios Naturales Protegidos ya puntualiza que las zonas húmedas son enclaves protegidos, ante la duda de cuáles son y cuánto abarcan esos enclaves, los propietarios de los terrenos, los ayuntamientos, la Administración autonómica y hasta los jueces han permitido en más ocasiones de las deseables la ocupación con construcciones, el aterramiento, la roturación y hasta la quema de la vegetación de estas zonas.

Por eso, desde la oposición y desde los grupos ecologistas se ha urgido al Consell a aprobar el catálogo. Es la evidencia de que la mayor norma valenciana en materia de medio ambiente, la ley de Espacios Naturales Protegidos, se ha mostrado inútil para salvaguardar estos ecosistemas. Desde su aprobación ha proseguido la destrucción de la albufera de Oropesa, desahuciada por el Consell al no haberla incluido en el listado y destruida por las excavadoras y las hormigoneras, que con el permiso del Consistorio siguen urbanizando el litoral.

Igualmente, el marjal de Pego-Oliva, a pesar de estar protegido como uno de los 13 parques naturales de la Comunidad Valenciana, ha sufrido las mayores agresiones a la luz del día de los últimos años. Quema provocada de la vegetación, aterramientos ilegales, desecaciones y roturaciones pagadas con dinero público... Decenas de actos impunes auspiciados desde el propio Ayuntamiento de Pego, con el alcalde Carlos Pascual a la cabeza, que no han tenido ninguna repercusión política ni judicial.

Según Ecologistas en Acción, continúa la desecación de las marjalerías de Castellón, Nules y Almenara para uso agrícola.

En el marjal de Peñíscola, al igual que ocurre con el de Oropesa, denuncian la ocupación por un turismo insostenible. En la desembocadura del río Mijares, donde la consejería va a hacer grandes inversiones para su restauración, alertan de que prosiguen los vertidos incontrolados de residuos inertes.

Y en este mismo enclave, junto al Clot de la Mare de Déu de Burriana, el marjal de Peñíscola, la marjalería de Castellón, y el río Seco, sufren el vertido de aguas residuales 'poco o nada depuradas'. El listado de agresiones a los humedales se completa con el uso de plaguicidas inadecuados, la utilización de perdigones de plomo en los humedales, con el consiguiente perjuicio para las aves acuáticas, que se intoxican, y la sobreexplotación de los acuíferos.

Y si la inclusión en el catálogo del marjal de Massamagrell, acosado por las urbanizaciones, supuso una victoria para los ecologistas que aún no ha sido refrendada con la recuperación del enclave, otro humedal ha protagonizado uno de los mayores fracasos de la política conservacionista valenciana. Se trata del marjal de La Safor, un humedal de 1.267,41 hectáreas enclavado en los términos Tavernes de La Valldigna, Xeraco, Xeresa y Gandia.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)de la Comunidad Valenciana que absolvió al gerente de una empresa marmolera y al propietario de una finca del marjal de un presunto delito contra el medio ambiente por el aterramiento con lodos de mármol y escombros de 42 hectáreas del enclave para transformarlo en campos de cultivo supuso un mazazo para la lucha ecologista. Y un acicate para los destructores del marjal. Desde la sentencia prosiguen impunes los aterramientos.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que no considera delito ecológico aterrar con lodos de mármol el marjal de La Safor en Tavernes de La Valldigna al considerarlo tierras de secano ha centrado el christmas con el que Ecologistas en Acción ha felicitado el nuevo año. Tres imágenes que bajo el epígrafe Secano de La Safor muestran su condición húmeda y el estado por el que pasó durante la fase de aterramiento.