La Dirección de Universidades cierra el año sin fijar los planes de calidad y el dinero de objetivos

Las juntas de gobierno y los consejos sociales de las universidades públicas han aprobado ya sus presupuestos para el año que entra (a excepción de Alicante) con las previsiones de ingresos que figuran desglosadas 'hasta el último centavo' en el documento Escenario Presupuestario para el periodo 1999/2003 del Programa Plurianual de Financiación (PPF) del sistema universitario valenciano. Sin embargo, la parte más pionera -la financiación adicional de los planes de calidad por objetivos- no está cerrada, ni tan siquiera en el escenario presupuestario del año que termina.

'No sabemos nada, cada universidad presentó individualmente los objetivos de calidad por los que compite consigo misma para obtener la financiación máxima prevista en el PPF y estamos a la espera de que la Dirección General de Universidades nos remita el cálculo', puntualiza el vicerrector de Economía de la Universidad de Valencia, Francisco Morales, en sintonía con las explicaciones de su homólogo en la Politécnica, Javier Sanz, que advierte que el cálculo 'es muy claro, según el PPF' y que existe 'muy poco margen de error entre las cantidades previstas por las universidades y las que debe de presentar la DGU'.

Forzados por los plazos que marca la ley, las universidades han elaborado sus presupuestos de ingresos en este capítulo que, sin llegar a representar el 10% del presupuesto [que era lo previsto en el PPF firmado por la Generalitat y los rectores en 1999] significa 'un bocado importante' en el funcionamiento y la puesta en marcha de los planes de calidad de cada universidad. Así, en el caso de la Politécnica, Sanz ha presupuestado un ingreso prudente por objetivos en base a las estimaciones de 2000 -ya que 2001 tampoco se ha cerrado- que ronda la cifra nada despreciable de 1.550 millones de pesetas adicionales a la subvención corriente. La cantidad es la que hubiera correspondido a la anualidad del año que termina (1.561) y está lejos, pues, de caer en las estimaciones optimistas que fija el PPF para el 2002 que sería, en realidad, de 1.925 millones.

La misma técnica ha empleado el vicerrector de Economía de la Universidad de Valencia, quien, sin ocultar su perplejidad por la falta de directrices por parte de la DGU, explica que ha recurrido otro año a la moderación en sus previsiones de ingresos a la baja, que no superan los 1.500 millones, en vez de los 2.383 millones que le corresponderían en la anualidad del 2002.

En vista de la actitud adoptada por el actual titular de la DGU, Salvador Forner, cuya gestión ha sido calificada de 'rupturista' y de 'irresponsable' en las últimas semanas, 'la posición conjunta de las cinco universidades ha sido defender el modelo inicial de criterios y variables de calidad prefijado en el PPF en una docena de áreas [mejora de la formación docente, investigación, empleabilidad de los egresados, cultura...] y restringir al máximo los cambios que pretendía Forner. Unos cambios que en opinión de ambos vicerrectores hubieran tenido consecuencias 'dramáticas' para el modelo plurianual de financiación valenciano, que goza de la virtud de haber sido pionero a nivel nacional e, incluso, emulado o exportado a comunidades como Andalucía, por tratarse de un 'buen instrumento de planificación y estabilidad' de los sistemas universitarios.

En conjunto las cinco universidades deberían saber ya cuánto van a recibir por los resultados de calidad del año que termina -cifra que oscila entre los 1.190 millones fijos que adeuda la DGU y los 5.413 que preveía el PPF para esa anualidad-. Forner tampoco ha clarificado las cantidades de 2002, que, según el modelo, supone una financiación máxima adicional de 6.775 millones. Ambas cifras son, pues, claves para el funcionamiento del sistema valenciano.

Sin embargo, Forner ha optado por 'lanzar un brindis al sol', en palabras de Francisco Morales, y dedicarse a presentar otros proyectos no negociados, ni conocidos' por parte de las universidades, que hablan de premiar económicamente la movilidad de los profesores o de crear 'complementos retributivos de sólo 3 años de duración', a cargo, precisamente, de la partida del PPF diseñada para planes de calidad y de financiación por objetivos.

'Si quiere crear un complemento autonómico que lo haga por la vía presupuestaria oficial como han hecho otras comunidades', sugiere Morales, que insiste en que 'esta posibilidad ni está en el modelo de objetivos, ni se ha negociado'. Más parece, coinciden altos cargos, que el director general, muy vinculado a la ministra de Educación, 'pretende financiar la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU) con los presupuestos del Consell'.