Disparar con pólvora del Rey

En la mayoría de los pueblos pequeños la política se centra en el mantenimiento de determinadas prestaciones y servicios básicos y en la aspiración a una paulatina ampliación de los mismos para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Pero la debilidad de las economías rurales, la escasa participación de los municipios en los recursos del Estado y la insuficiencia de fondos para nivelación de servicios, convierten la financiación de los ayuntamientos en uno de sus problemas fundamentales. Conseguir inversiones y subvenciones de otras administraciones es una prioridad política y el mejor alcalde será quien más dinero lleve al pueblo. Se establece así un acuerdo tácito entre los alcaldes y sus partidos, según el cual los primeros aportan mayorías electorales y los segundos garantizan la financiación de sus proyectos municipales. Una vez conseguidos, el alcalde distribuirá los recursos de modo que todos se sientan beneficiarios, aunque sea indirectamente. Pero la política clientelar no sólo se basa en lo que se da, sino también en lo que no se cobra, así que con los tributos propios la política consiste, precisamente, en lo contrario: que todos los vecinos sientan que contribuyen lo mínimo posible, aunque unos contribuyan más que otros. Y en último extremo, si estas dos vías resultan insuficientes, siempre cabrá la posibilidad de firmar créditos. En este contexto, no es extraño que la mayoría de los vecinos no consideren la deuda municipal como un problema político. Puesto que el Ayuntamiento no quebrará nunca, alguien la pagará: la próxima Corporación, la Diputación, la Junta de Andalucía, o el Estado.

El plan de la Junta para saldar la deuda a 209 municipios menores de 1.500 habitantes es un claro ejemplo de lo que decimos, pues se les pondrá el contador a cero, permitiéndoles incorporarse al euro limpios de polvo y paja, nunca mejor dicho. No parece que se les haya preguntado cómo han recaudado sus tributos propios ni en qué invirtieron los préstamos, cuál ha sido su política de gasto, cómo han gestionado sus recursos, o quién es el responsable político de la situación. Tampoco se nos dice si se van a negociar determinadas condiciones en el gasto o si se les va a realizar un seguimiento administrativo.

Como personas de izquierdas, defensoras de lo público, entendemos que el endeudamiento no es bueno en sí mismo, sino en función de sus objetivos, y observamos con estupor con qué facilidad se hace política 'disparando con pólvora del rey', es decir, financiando inversiones y servicios de dudosa sostenibilidad económica, ecológica y social, realizando actuaciones populistas, gestionando con ligereza el dinero de todos, renunciando a una recaudación justa y eficaz de los tributos, permitiendo el fraude en el trabajo público, despreciando lo gratuito, potenciando localismos insolidarios de cortas miras... Por ello, no rechazamos planes similares al citado, pero éste nos resulta difícil de entender, porque se basa más en cálculos electorales a medio plazo que en una voluntad decidida de transformar la práctica política en el medio rural. No contribuye a la necesaria pedagogía social y política de la ciudadanía, premiando gestiones políticamente cuestionables. Supone una excepcionalidad cercana a la connivencia política, que debilita la reivindicación de una mayor y mejor financiación de todas las corporaciones locales, y su utilidad es más que dudosa: si los alcaldes beneficiados no cambian su estilo de gobernar, el esfuerzo solidario de los andaluces habrá sido inútil. Mejor hubiera sido satisfacer las demandas del municipalismo andaluz y más justo, desde luego, ofrecer planes de saneamiento financiero vinculados a criterios objetivos y al cumplimiento de determinadas metas políticas y administrativas. La democracia y el desarrollo en el mundo rural sí darían, entonces, un gran paso hacia delante.

José Luis Pérez Tapias es coordinador general de Áreas de IU-LV-CA y concejal en Fuenteheridos (Huelva).