El retraso en las obras escolares eleva a 80 los colegios e institutos con aulas prefabricadas

La instalación de 80 prefabricados supone un coste fijo anual de cerca de 1.000 millones, además de tener un desembolso adicional de 170 millones para el montaje y otros 170 para el desmontaje, según cifras oficiales de la Generalitat. Todo ello sin contar 'la provisionalidad' y 'el deterioro de la calidad del sistema educativo público' que supone una fórmula que fue institucionalizada por el Gobierno valenciano del PP, prácticamente desde su llegada, cuando en 1996 se trasladaron los alumnos de 18 colegios a las primeras aulas prefabricadas. Desde entonces, esta realidad que en 1998 ya se había duplicado, no ha bajado de 60 centros, disparándose a 80 este curso. Manuel Tarancón, actual responsable de Educación -un departamento por el que han pasado cuatro consejeros en seis años-, justificó esta situación en septiembre, con motivo de la apertura de curso, por 'el ritmo de ejecución de las obras escolares', que desde mediados de 2000 emprendió para revertir la parálisis anterior.

No obstante, el problema de los prefabricados en la Comunidad Valenciana es ya tan endémico en algunas poblaciones que con los años han acabado convirtiéndose directamente en 'barracones', razón por la cual, según el análisis realizado por la federación de enseñanza Fete-UGT, 'el creciente número de prefabricados no se explica sólo por el ritmo actual de las obras'. En opinión del secretario general de esta federación, Gonzalo Castillo, 'el problema de fondo reside en la falta de voluntad política del PP para impulsar y modernizar una enseñanza pública de calidad'.

Los estudios detallados de los presupuestos realizados anualmente por CC OO confirman esta impresión. De hecho, la 'desinversión en mayúsculas' en el capítulo de las infraestructuras educativas ha sido la tónica rampante en los años de gestión del ex consejero Francisco Camps -actual vicepresidente del Congreso de los Diputados- y del entonces consejero de Hacienda, José Luis Olivas.

Según la información actualizada de la propia Consejería de Educación, en 1998 se llegaron a presupuestar inversiones en institutos por valor de 14.222 millones, de los cuales no se ejecutaron más del 33%. Lo mismo ocurrió con los 4.398 millones presupuestados para obras nuevas y reformas en colegios de primaria. En 1999, este modelo de gestión -en paralelo con una mayor privatización del sistema- dejó sin ejecutar otro 60% de los 18.000 millones presupuestados en conjunto para primaria y secundaria.

Sin embargo, el cumplimiento de los conciertos ha sido más que eficaz. Tras cinco años de Gobierno de Zaplana se han aumentado en 436 las unidades concertadas privadas, con lo que el coste anual de las subvenciones a empresas privadas de educación asciende ya a 32.138 millones en los niveles de enseñanza infantil y primaria, y a otros 23.720 millones en ESO. Aunque en los Presupuestos de la Generalitat el actual consejero de Hacienda, Vicente Rambla, consigne 6.658 millones menos, para cuadrar las cuentas.

Según un estudio del STEPV basado en la información oficial de la consejería, el curso 2001-2002 comenzó con un total de 277 obras o reformas pendientes en 99 colegios de primaria y 178 institutos de secundaria. Ésta es, pues, la cifra global que falta aún para completar un mapa escolar que, en opinión del presidente Zaplana, 'estará listo en 2003'. De momento, las obras acabadas por el Gobierno valenciano del PP respecto a las comprometidas en el mapa escolar aprobado en 1996 son un total de 121 (64 en colegios y 57 institutos). El resto está por ver.