Sanidad creará una empresa pública para evaluar los hospitales

Sanidad prepara un decreto para desgajar de la consejería una parte del organigrama y crear una sociedad anónima pública denominada Instituto de Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias. Gran parte de sus funciones -el control de centros, servicios y procedimientos sanitarios- pertenecen actualmente a la dirección general de la Agencia para la Calidad, Evaluación y Modernización de los Servicios Asistenciales.

La figura de la empresa pública es una fórmula que la Consejería de Sanidad no se ha decidido a explotar. La ha aplicado, por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud en determinados hospitales o la sanidad del País Vasco para gestionar la alta tecnología. Sin embargo, el Consell había prescindido hasta el momento de poner en marcha este sistema. Sólo ha roto la gestión tradicional de los hospitales con el centro de La Ribera -que dirige una unión de empresas pese a ser de titularidad pública-. Tampoco optó por la empresa pública para contar con equipos de resonancia magnética en hospitales, sino que se decidió por un concurso e introducir las resonancias privadas dentro de los hospitales públicos.

Ahora, como señala el borrador del documento al que ha tenido acceso este diario, Sanidad pretende desgajar una parte de la consejería y transformar en una empresa pública no ya servicios asistenciales, como un hospital o los diagnósticos por imagen, sino un departamento con una función tan política como la acreditación, y evaluación de centros, servicios y procedimientos sanitarios.

De acuerdo con el borrador del decreto, la sociedad anónima Instituto de Acreditación y Evaluación de Prácticas Asistenciales será la encargada de dar el reconocimiento externo de la calidad asistencial de los centros sanitarios a través de su acreditación. Así, será la responsable de 'promover la mejora de la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria, incentivar la búsqueda de excelencia en la provisión de asistencia sanitaria y proporcionar información comparativa a los ciudadanos, profesionales y Administración sobre las prácticas sanitarias, su adecuación, calidad, seguridad y efectividad', para lo que 'formará y actualizará equipos de auditores sanitarios'. Otra de sus funciones será la de 'identificar e informar de las tecnologías y prácticas sanitarias nuevas o establecidas que necesiten evaluación, determinando sobre bases científicas el impacto médico, económico y social de su utilización y emitiendo informes y dictámenes sobre su uso adecuado'. A ello sumará el 'contribuir a la adecuada formación de los profesionales sanitarios para lograr la correcta utilización de la tecnología'.

En el decreto se explicita que el capital social fundacional de la empresa será de 30 millones de pesetas. De hecho, los presupuestos del año que viene tienen una partida de esta suma reservada al instituto. A esta cantidad se sumarán otros 50 millones de pesetas añadidos en una enmienda del Partido Popular destinada a gasto corriente para la financiación de esta entidad.

Recurso rechazado

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado un recurso interpuesto por el diputado de Esquerra Unida Alfred Botella contra la resolución de 1998 de la dirección general de Atención Especializada de la Consejería de Sanidad, sobre los criterios para la gestión de salidas y movimientos de las listas de espera quirúrgicas, al considerar que debió acreditar que estaba incluido en una de la listas cuya gestión estuviera afectada por la resolución recurrida.

El diputado recurrió contra la resolución de Sanidad como 'usuario del sistema público', ya que consideraba que contenía 'diversos vicios de ilegalidad', por lo que pedía que se anulara y se reconociera su derecho y el de los restantes usuarios 'a no perder la antigüedad en tales listas por rechazar los servicios hospitalarios fuera de su provincia o de su área de salud'.