El PSE da vía libre a los presupuestos vizcaínos a cambio de 4.200 millones en inversiones

El PNV y el PSE cerraron ayer finalmente el acuerdo que permitirá aprobar los presupuestos de la Diputación de Vizcaya y que rompe la ausencia de pactos institucionales de estos dos partidos en Euskadi desde 1998. Los socialistas garantizan, al no presentar ninguna enmienda a la totalidad y con su abstención tanto al proyecto presupuestario como a las otras enmiendas de la oposición, que el equipo de gobierno PNV-EA tenga en 2002 nuevas cuentas.

A cambio, consiguen la eliminación del peaje en la autopista A-8 a partir de junio de 2003 y una docena de otras actuaciones cifradas en conjunto en 4.200 millones de pesetas para el próximo ejercicio. Para ello, el PSE ha presentado 15 enmiendas parciales que serán apoyadas por el equipo de gobierno nacionalista.

El resto de la oposición (Batasuna, PP y Grupo Mixto) sí presentó, al cerrarse ayer el plazo, textos alternativos a la cuentas forales. Los populares, además de una enmienda general, formularon otras tres sobre departamentos concretos y 138 parciales, mientras que el Mixto tramitó 67 parciales y Batasuna, un total de 53. La entente entre socialistas y nacionalistas coincidió ayer con la presentación del acuerdo municipal en Vitoria para las cuentas de 2002, con el PSOE y el PP como socios, que supondrá un aumento de la inversión de un 34%.

La Diputación vizcaína deberá seguir con el actual presupuesto prorrogado en enero, pues los trámites para la aprobación de las cuentas se prolongarán durante ese mes. Primero se producirá el debate de las enmiendas a la totalidad y luego las parciales, con el que los nuevos presupuestos quedarán definitivamente aprobados.

El acuerdo terminó de concretarse en la mañana de ayer. Los dirigentes socialistas José Antonio Pastor y Josu Montalbán se reunieron con el teniente de diputado general, José Luis Bilbao; el portavoz del PNV en las Juntas, Ina Etxebarria, y el de EA, Eugenio Iriondo, para definir el principio de acuerdo logrado hace un mes.

Según las fuentes de la negociación consultadas, una de las novedades principales es la eliminación del peaje en la A-8 desde junio de 2003, cuando expira la actual concesión. Los nacionalistas siempre han defendido su mantenimiento para evitar que se sature la autopista y financiar la construcción de otras carreteras, mientras que el resto de la oposición, incluido el PSE, ha abogado por eliminar el peaje. El compromiso en este asunto es la elaboración de un plan financiero para costear otros viales y, en su caso, el establecimiento de un canon de uso de la autopista, que serviría para financiar su mantenimiento y, por tanto, muy inferior al abono actual. El PNV quería, al mantener el peaje, una reducción a la mitad del precio y, con el canon, la disminución sería bastante mayor.

El acuerdo entre socialistas y nacionalistas incluye también el rechazo de la Diputación a financiar el traslado del atraque de cruceros a Getxo, en vez de mantenerlo en Santurtzi, y el compromiso (aunque la Diputación no tiene la competencia) de impulsar la construcción de la línea 3 del metro, que se prolongaría a los barrios de Otxarkoaga y Rekalde.

Sin Udalbiltza

El resto del pacto incluye cuestiones ya adelantadas: la supresión de la subvención a la asamblea de cargos públicos nacionalistas Udalbiltza, el impulso del nuevo plan viario para el área metropolitana de Bilbao, valorado en 80.000 millones de pesetas y una docena de actuaciones pedidas por el PSE cifradas en 4.200 millones, que con su continuación en los dos siguientes años suponen otros 6.200 millones más. Se trata, entre otras, de la tercera fase del corredor Uribe Kosta, la construcción de la variante de Astrabudua, dos elkartegis y el aumento de la renta básica, con 1.300 millones para este ejercicio y otros 1.300 para 2002.

El acuerdo ha provocado malestar entre los miembros del sector de la Margen Izquierda, crítico con la dirección vizcaína del PSE, que es mayoritario en el grupo juntero. Estos apoderados forzaron el miércoles una votación en el grupo para que se enmendaran a la totalidad las cuentas -hubo siete votos a favor y dos en contra- con el argumento de que se contradecía con la postura del PSE en el Parlamento vasco. Pero la ejecutiva de Vizcaya respaldó a su portavoz enlas Juntas, Josu Montalbán, y frustró la ruptura del acuerdo. Montalbán apuntó que estos hechos son 'intentos de torpedear la labor de la ejecutiva vizcaína'.

El diputado de Hacienda, el peneuvista Javier Urizarbarrena, opinó que este acuerdo 'posibilita bastante la aprobación de los presupuestos', que pasarán del gasto actual de 78.000 millones de pesetas -el mismo que en 1999 puesto que ha funcionado con sus cuentas prorrogadas- hasta los 134.000 millones.