Hágase la oscuridad

La pésima gestión del sistema eléctrico, en la que están implicados con diversos grados de responsabilidad las compañías eléctricas, la Administración pública y Red Eléctrica de España, dejó sin luz y calor durante más de una hora a 600.000 ciudadanos de Madrid y Valencia en la tarde más fría del año. A pesar de que los usuarios españoles pagan cara la electricidad que consumen, el servicio se ha degradado en los últimos años hasta infracalidades propias de países en vías de desarrollo. Los apagones intermitentes han sido moneda corriente en localidades pequeñas, a principios de año se amenazó con la probabilidad de un gran apagón durante los meses de verano, a finales de la semana pasada el temporal provocó un apagón en Cataluña que todavía no se ha resuelto y Red Eléctrica tuvo que ordenar el lunes un cierre ordenado del suministro en algunas zonas localizadas que afectó principalmente a Madrid y Valencia.

La ola de frío explica el crecimiento de las exigencias de suministro eléctrico; pero en ningún caso puede justificar que un país con un elevado nivel de desarrollo no disponga de la red suficiente para atender una punta de demanda derivada de un periodo de frío intenso anticipado por los meteorólogos. Las eléctricas españolas, que controlan el mercado en régimen de oligopolio, han cobrado a los usuarios unos 500.000 millones de pesetas durante los últimos tres años en concepto de garantía de potencia, se supone que para asegurar fuera de toda duda el suministro a empresas y hogares en cualquier circunstancia y condición, y también perciben de la tarifa cuantiosas remuneraciones al servicio de distribución. A la vista de los resultados de esa garantía, hay que preguntar qué han hecho las empresas con ese dinero, dónde lo han invertido y si el Gobierno exigirá cuentas. Las inversiones foráneas y en dudosos proyectos de diversificación explican en parte el desbarajuste eléctrico español.

Las eléctricas no han invertido lo que debían en la construcción de subestaciones, mejora de redes y modernización de instalaciones, y está igualmente claro que existe una responsabilidad de la Administración pública por permitir que a través de unas tarifas reguladas se perciban cantidades que después no se aplican a la finalidad pactada, sin que el Gobierno les haya exigido que inviertan para conseguir niveles de calidad aceptable en producción y distribución. Como consecuencia de este cruce de irresponsabilidades, el sistema eléctrico opera hoy en una situación crítica. La pretensión de las compañías de vincular las inversiones a la subida futura de las tarifas debe ser entendida, vistos los antecedentes, como una presión inaceptable, y, en consecuencia, rechazarse de plano. Lo que cabe preguntarse es si al Gobierno no se le ocurre otra cosa que pedir a los ayuntamientos que retrasen dos horas el encendido de las luces navideñas.