Las coincidencias peligrosas

Por segunda vez en cinco días el Parlamento de Vitoria no pudo aprobar los Presupuestos del año 2002 (en torno al billón de pesetas) a causa de la intencionada ausencia de los diputados del PP (19), PSOE (13) y Batasuna (7) convocados al pleno. Ese doble boicot ha sido la impropia respuesta de populares y socialistas a otra decisión -igualmente inadecuada- del presidente del Parlamento: Juan María Atutxa, militante del PNV y ex consejero de Interior, invocó el artículo 113 del Reglamento de la Cámara, que le faculta para 'ordenar los debates y votaciones', a fin de impedir la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres grupos de la oposición.

De aplicarse -como se venía haciendo desde hace quince años- el procedimiento regulado por los artículos 106 y 107 del Reglamento, las enmiendas serían votadas a la vez y las cuentas autonómicas quedarían rechazadas: la coalición negativa de los 39 escaños de PP, PSOE y Batasuna derrotaría a los 36 diputados del PNV (26), EA (7) e IU (3). Con el fin de evitarlo, Atutxa saltó por encima de la letra del Reglamento y decretó la votación por separado de las tres enmiendas a la totalidad: esa fórmula obligaría a populares y socialistas a dar su respaldo positivo a la moción de Batasuna, o a los nacionalistas radicales a parasitar las enmiendas del PP y el PSOE, si quisieran devolver los Presupuestos. PNV y EA ya retorcieron las normas procesales en su provecho al formar dos grupos parlamentarios independientes, después de concurrir a las urnas como coalición electoral, y al barrer descaradamente para casa en la composición y el reparto de presidencias de las comisiones.

Con el objetivo de contrarrestar esa maniobra reglamentaria, los defraudados grupos de la oposición echaron mano de otra estratagema de procedimiento: la retirada del pleno de sus diputados a fin de boicotear el quórum requerido para su celebración. Esa jugarreta de represalia sirvió para recordar que la coalición PNV/EA derrotó el 13-M -por un escaño y 25.000 votos- a la virtual coalición gubernamental formada por populares y socialistas pero no dispone -ni siquiera con los votos de IU- de la mayoría absoluta. Sin embargo, PP y PSOE no pueden eludir un problema político de gran calado: saber si su convergencia con Batasuna para formar coaliciones negativas capaces de tumbar los proyectos de ley del Gobierno de Ibarretxe en la Cámara posee legitimidad democrática además de ser aritméticamente posible.

¿Cuáles deben ser las normas de conducta de todas las fuerzas democráticas en sus relaciones parlamentarias con los partidos anti-sistema, que concurren a las elecciones con el propósito de no volver a convocarlas si las ganan y que utilizan las instituciones representativas y del Estado de Derecho para destruirlas desde dentro? Las suicidas ayudas prestadas por otras fuerzas políticas a los fascistas en Italia y a los nazis en Alemania en su conquista del poder mostraron las consecuencias de ese cínico doble juego: el trato dado por la derecha democrática francesa al Frente Nacional de Le Pen aprovechó esa experiencia.

Populares y socialistas vascos criticaron dura y justificadamente en la anterior legislatura el acuerdo secreto del PNV y EA con ETA durante el verano de 1998, el pacto público de Lizarra con el brazo político de la organización terrorista y la investidura del lehendakari Ibarretxe con los votos de Batasuna; los acuerdos municipales y provinciales de toda la familia nacionalista continúan siendo hoy objeto de su censura. Ciertamente, el reciente entendimiento positivo de nacionalistas moderados y radicales sobre ETB es mas criticable que cualquier coalición negativa del PP y del PSOE con Batasuna; sin embargo, la única manera de aislar a este partido antisistema sería evitar cualquier convergencia parlamentaria y adoptar la convención de restar de los 75 escaños de la Cámara los 7 diputados de Batasuna para fijar un listón ideal de 68 escaños como punto de referencia. La abstención del PP y del PSOE, aunque favoreciera al Gobierno de Ibarretxe, sería aconsejable siempre que existiera el peligro de una coincidencia con el brazo político de ETA en las votaciones.