La crisis institucional planteada en el Parlamento vasco amenaza con frustrar la pendiente reforma del reglamento

Los parlamentarios encargados de diseñar una profunda reforma del Reglamento de la Cámara vasca están convocados para este miércoles a las 11 para la primera reunión de la ponencia. Pero la crisis institucional sin precedentes desatada tras el plante de los tres partidos de la oposición -motivado precisamente por la polémica interpretación del reglamento realizada el pasado miércoles por el presidente, Juan María Atutxa- puede hacer peligrar el comienzo de una reforma históricamente aplazada y que tras los últimos acontecimientos se prevé compleja y enconada. De hecho, ayer mismo se desconocía si esa previsión, realizada la semana pasada, se mantenía tras los acontecimientos del pasado viernes, cuando no pudo constituirse el pleno para debatir las enmiendas de devolución presentadas a los presupuestos del Goberno por la ausencia del PP, PSE y Batasuna.

Se da la circunstancia de que el propio Atutxa, antes de su discutida interpretación de la votación por separado de las enmiendas de devolución a los presupuestos, advirtió de manera casi profética de que, 'si seguimos sin reforma, nunca tendremos un Reglamento serio'. Reconoció que el actual 'está hecho unos zorros'. Pero, aun en el caso de que se reconduzca la actual crisis, la tarea de alcanzar un consenso para cambiar el reglamento se presenta muy complicado. Tanto por la desconfianza suscitada entre los grupos de la oposición y del Gobierno, como porque, ante la falta de una mayoría clara del tripartito PNV-EA-IU, el resorte reglamentario adquiere una importancia trascendental, como se ha visto esta semana.

El pasado día 5 de diciembre se eligieron los parlamentarios que van a representar a cada formación en la ponencia creada abordar una profunda reforma del Reglamento de la Cámara, cuya última modificación de calado se produjo en 1988. La modernización de las normas de funcionamiento del Parlamento ha estado encima de la mesa en varias ocasiones, aunque por diversos motivos no ha llegado a buen puerto. El último intento se produjo en 1995. Casi todos los apartados estaban ya consensuados, pero la introducción de una enmienda apoyada por socialistas, populares, IU y UA, que establecía el acatamiento de la Constitución como condición necesaria para obtener el cargo de parlamentario, dio al traste con la reforma.