La batalla de las cajas

Normalmente circunscribimos el fenómeno del transfuguismo a la esfera de la representación política en sentido estricto. Tránsfuga no es quien abandona sin más un partido y se integra en otro. Tránsfuga es el representante político, sea concejal o parlamentario estatal o autonómico, que abandona el partido en cuyas listas había sido elegido pero conserva el escaño y lo pone a disposición, de manera directa o indirecta, de un partido rival. Quien se va del partido abandonando simultáneamente el escaño, aunque después acabe integrándose en otro partido, no es considerado, con razón, un tránsfuga.

Esta descripción del transfuguismo limitada a la esfera política representativa es correcta, pero incompleta. El transfuguismo puede darse también al margen de las instituciones representativas y su impacto en este terreno puede llegar a ser incluso superior al que tiene normalmente en el ámbito político representativo.

El PSOE debería examinar cuál ha sido la conducta de algunos de sus dirigentes, sin la que no hubiera sido posible que la operación hubiera adquirido los vuelos que ha alcanzado

Lo hemos podido comprobar en esta legislatura en Andalucía. El caso de transfuguismo más importante de esta legislatura ha sido, con diferencia, el de los presidentes de las cajas de ahorro sevillanas. Ninguno de ellos había sido elegido por los ciudadanos en una lista de partido, pero ambos habían sido designados como consecuencia de su militancia socialista y por decisión de la dirección del PSOE. Ambos no sólo no han tenido el más mínimo escrúpulo en traicionar la confianza que había sido depositada en ellos, sino que han puesto sus cargos a disposición del PP para que se pudiera poner en práctica una operación de acoso y derribo del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Porque en esto es en lo que ha consistido la 'batalla de las cajas'. Aquí no estaba en juego el gobierno de un municipio, sino que lo que estaba en juego era el gobierno de la comunidad autónoma. La operación, de haber salido bien, imposibilitaba que Manuel Chaves pudiera continuar siendo presidente de la Junta de Andalucía. ¿Cómo podía continuar dirigiendo la comunidad autónoma un presidente que no es capaz de hacer cumplir una ley aprobada por el Parlamento de la propia comunidad? ¿Qué autoridad hubiera podido conservar el presidente de la Junta si los presidentes de las cajas sevillanas hubieran conseguido imponer la fusión de las mismas sin la previa renovación de sus órganos de gobierno, como impone de manera inexcusable la Ley 15/99? La rebelión frente al cumplimiento de la ley de Cajas por parte de los presidentes del Monte y de Caja San Fernando, apoyada políticamente por el PP y mediáticamente por sus medios de comunicación, de haber prosperado, no podía tener otro desenlace que la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía. Este era el alcance de la operación. Y por eso ha sido tanta la carne que se ha puesto en el asador. Y hasta el final. Incluso después de que vieran desautorizada su interpretación de la ley por el Consejo Consultivo y por diversos órganos jurisdiccionales, tanto los presidentes de las cajas como los dirigentes del PP insistieron en llevarla adelante. Después de haber fracasado en el intento de fusión, en lugar de presentar la dimisión ante el fracaso, intentaron manipular el proceso de elección de los representantes de los impositores haciendo uso de manera espuria de los recursos de las propias cajas, con la finalidad de poder mantenerse tras la renovación. Y cuando también han fracasado en esta operación, han intentado salirse con la suya con un montaje mafioso, la denuncia de un espionaje inexistente, filtrado adecuadamente a través de El Mundo y escenificado parlamentariamente por Teófila Martínez y Antonio Sanz. Que después de archivada la denuncia mediante auto judicial se haya seguido negando la evidencia e intentando hacer decir al auto del juez lo contrario de lo que dice, no es sino la confirmación de la naturaleza de la operación que se había puesto en marcha.

En Andalucía hemos asistido a muchas operaciones de juego sucio, pero ninguna había tenido hasta la fecha la intensidad que ha tenido ésta. Afortunadamente la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, ha tenido la entereza primero y la inteligencia después para soportar el ataque concertado y mafioso del que fue objeto y para diseñar una estrategia que ha acabado desbaratando la operación. Gracias a su capacidad de soportar la presión sin ceder y a su habilidad para contraatacar, el Gobierno ha podido salir del callejón sin salida en el que lo estaban metiendo. En toda la historia de la autonomía andaluza no ha habido ninguna ocasión en la que la continuidad del Gobierno haya dependido de una consejería, como ha ocurrido en esta batalla de las cajas. Creo que es de justicia reconocerlo.

Espero que la operación sea analizada como se merece por todos y que se extraigan las conclusiones pertinentes. En primer lugar, por el PP. Mientras siga considerando que únicamente puede ganar en Andalucía practicando el juego sucio, es muy difícil que pueda conseguirlo. Pero también el PSOE. Debería examinar cuál ha sido la conducta de algunos de sus dirigentes, sin la que no hubiera sido posible que la operación hubiera adquirido los vuelos que ha alcanzado. Los mensajes contradictorios que se han transmitido por el partido durante buena parte de la operación han sido lamentables. En política no se puede jugar con frivolidad en asuntos de tanta envergadura como el que estaba en juego en la batalla de las cajas. Afortunadamente, IU ha sabido estar a la altura en esta ocasión.