El Superior cuestiona la recalificación del área de la incineradora Zabalgarbi

Las obras para la construcción de la incineradora de basuras de Vizcaya están ya en marcha, pero las demandas judiciales contra el proyecto de Zabalgarbi también siguen su propio curso. El Tribunal Superior vasco, que ha desestimado una suspensión cautelar de los trabajos pedida por IU de Bilbao, ha ordenado la tramitación urgente de esta demanda y cuestiona la calificación como suelo urbano industrial del área donde se prevé ubicar la planta. En su auto habla de la incineradora por vez primera como un centro de ' producción de energía eléctrica'.

IU considera que los dos últimos autos del máximo tribunal vasco, del pasado 13 de noviembre, presentan indicios suficientes de que un futuro se pueda declarar ilegal el proyecto de la incineradora, cuya inversión ronda los 25.000 millones y que persigue generar electricidad a partir de la quema de la basura doméstica.

El grupo municipal de la federación de izquierdas en Bilbao, que desde el principio se ha opuesto al plan de Zabalgarbi, formuló a principios de año una demanda judicial contra el plan especial aprobado en 1999 por la Diputación vizcaína. A ello siguieron en septiembre otros dos recursos contra las licencias de actividad y el proyecto de urbanización concedidos por el Ayuntamiento bilbaíno, los últimos permisos pendientes que propiciaron el comienzo de las obras en julio. En estas últimas demandas se pedía la suspensión cautelar de los trabajos iniciados.

IU argumentaba que la instalación de la planta junto al vertedero bilbaíno de Artigas incumplía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bilbao, pues esa zona está calificada como no urbanizable y no puede albergar actividades industriales. La promotora replicó que no se incumplía el plan porque se trata de una instalación para tratamiento de residuos y, según el artículo 6.3.1.6 del PGOU, esta actividad 'únicamente puede localizarse en el suelo no urbanizable'.

Recalificación

Pero IU afirma que es una planta de generación de electricidad, por lo que debía regirse por el artículo 6.3.1.5., que obliga a que estas actividades se instalen en terrenos urbanizables. Los autos del Superior consideran que, además de valorizar residuos, es una instalación de 'producción de energía eléctrica'.

Otro aspecto de la demanda de IU indicaba que la concesión de la licencia de actividad permitirá la urbanización de las 108 hectáreas adquiridas por Zabalgarbi en este área, de las que sólo 2,7 son de volumen construido. La promotora ha aducido ante el Superior que el plan especial 'no lleva a cabo una clasificación integral del suelo, sino que afecta a una pequeña parte' y enfatiza que los suelos no destinados a estas infraestructuras se ceden al Ayuntamiento. IU ha denunciado que ese centenar de hectáreas restantes generará una gran plusvalía urbanística a Zabalgarbi puesto que podrían construirse más de 8.000 viviendas.

El Tribunal Superior estima 'discutible' que la recalificación a suelo urbano se produzca como consecuencia de la instalación de la planta. 'No se menciona el precepto que impone dicha clasificación, sino que es la conclusión de un argumento circular'. Por ello, estima que es 'discutible que las obras de urbanización inherentes a dicha construcción determinen la clasificación ex lege [por la ley] de dicha superficie como suelo urbano'.

El equipo jurídico de IU opina que el plan especial que posibilitó la implantación de Zabalgarbi es 'un privilegio urbanístico'. Y pone como ejemplo la situación de otro plan energético, el de IGCC de Petronor en Muskiz, 'que necesita una recalificación de suelo para implantarse. ¿Por qué los de Petronor no han tenido un plan especial?', dicen. La concejal de IU Julia Madrazo se opuso a que Zabalgarbi 'goce de todos los privilegios urbanísticos' y destacó que 'por primera vez se reconoce que es una central de producción eléctrica'.

En sus autos de noviembre, el Superior desestima la petición de suspensión cautelar de las obras por 'los perjuicios graves' que supondría y para salvaguardar los intereses públicos. IU destaca que, en vez de esperar el turno 'que supone un retraso de ocho o diez meses', el Superior ha tramitado ya el proceso y anuncia que en las próximas semanas formulará la denuncia en que pedirá la ilegalidad de la licencia de actividad y el proyecto de urbanización.