La Concepción demanda al Insalud para reclamarle 7.400 millones

El Patronato de la Fundación Jiménez Díaz, máximo órgano de decisión de esta institución, dueña de la clínica de la Concepción, decidió ayer llevar a los tribunales al Insalud, dependiente del Ministerio de Sanidad, para reclamarle los 7.424 millones que, en su opinión, este organismo le debe al no revisar el concierto firmado entre ambas instituciones en 1999. Por su parte, el presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, manifestó que el Gobierno regional no asumirá el déficit de la clínica cuando se haga cargo de las competencias sanitarias el próximo enero.

El gerente de la Concepción, Fernando Astorqui, se mostró favorable a interponer la demanda decidida por el patronato: 'Es el último recurso que nos queda para defender nuestros derechos, tras años de pedir al Insalud que revisara un concierto que para la clínica es ruinoso', dijo. El patronato es el máximo órgano de decisión de la Fundación Jiménez Díaz, y en él están representados la gerencia, los médicos, los trabajadores, la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento de Madrid y los ministerios de Sanidad, Educación y Hacienda.

La fundación reclama al Insalud más de 2.000 millones por los gastos en la formación de los médicos residentes (que aprenden y ejercen su especialidad), 730 millones por la asistencia médica a indocumentados e indigentes, otros 2.000 millones por las amortizaciones de equipos técnicos y más de 2.000 millones por otros servicios que el Insalud ahora se niega a abonar (urgencias, pacientes con estancias de menos de 24 horas, etcétera).

La gerencia del centro reitera que el concierto firmado en 1999 con el Insalud, al que responsabiliza de provocar un agujero de 6.000 millones, 'era un buen punto de partida', pero que debía ser ampliado, algo que 'no ha querido hacer el ministerio'. El Insalud insiste en que no tiene ninguna responsabilidad en la deuda de la Concepción. La clínica admite tener un déficit de más de 13.000 millones. De ellos, 6.000 los debe a proveedores y son de pago urgente, mientras que los otros 7.000 son la deuda heredada de una anterior crisis, en 1991, y su pago ha sido 'congelado' por el Gobierno.

La decisión del patronato de denunciar al Insalud fue aprobada ayer por 12 de los 18 patronos que acudieron a la reunión. Sólo votaron en contra el representante del Ministerio de Hacienda y los tres del Ministerio de Sanidad. 'Como representante del ministerio [de Sani-dad], no puedo encabezar una demanda contra el organismo que represento', dijo el presidente del patronato, José Valenciano. No acudió el representante del Ministerio de Educación.

Los votos de los dos patronos que actúan en representación del comité de empresa fueron considerados nulos, al escribir en sus papeletas que condicionaban su voto a que el contenido de la demanda judicial fuera explicado al patronato.

El viceconsejero de Sanidad, Juan José Bestard, que es patrono de la fundación, acudió, junto a Astorqui y el comité de empresa, a la asamblea de trabajadores tras la reunión del patronato. 'A nadie se le ha pasado por la cabeza cerrar esta clínica', afirmó Bestard a los trabajadores. Antonio González, de CC OO y presidente del comité de empresa, y Emilio González, delegado del sindicato de enfermería Satse, mostraron su satisfacción por las palabras de Bestard. 'Ha tranquilizado a la plantilla sobre el futuro del centro al comprometerse a solucionar sus problemas financieros', señaló González. Pese a ello, Bestard no explicó cómo pensaba actuar la Comunidad ante la deuda.

Más explícito fue el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, que dijo por la tarde, en contra de la interpretación que los sindicatos hicieron de las palabras de Bestard, que la deuda de la Concepción, 'o la asume el Estado o será un problema de la propia fundación'. En declaraciones a Onda Cero, Ruiz-Gallardón agregó: 'Tiene que haber un criterio muy claro. Nosotros, como en todo, estamos dispuestos a resolver el problema de futuro, pero no podemos heredar las deudas del pasado'.

Intervención

El patronato también decidió, en contra de lo acordado en su reunión del pasado martes, no solicitar por el momento a los ministerios de Sanidad y Educación que intervengan la clínica ante su delicada situación. 'No tiene sentido pedir la intervención a 20 días de las transferencias', señaló Astorqui. El próximo 1 de enero, la Comunidad recibirá del Gobierno central todas las competencias sanitarias y los hospitales.

El comité de empresa mostró su malestar por el cambio de opinión del patronato. 'La intervención del ministerio era una salida válida y esta rectificación sólo puede entenderse como una maniobra de la gerencia y de los médicos para mantenerse en el patronato', explicó Antonio González.

El Ministerio de Educación, mediante el Protectorado de Fundaciones, es la administración competente para intervenir las fundaciones cuya supervivencia peligre. La intervención ministerial conlleva la destitución automática de la cúpula directiva del patronato de la fundación.