La oposición a Chávez canta victoria y prepara nuevas movilizaciones

La sublevación civil que secundó el paro empresarial del lunes contra las políticas colectivistas de Hugo Chávez acentuó la fractura registrada en una nación que transita hacia una colisión de mayores proporciones de no imponerse la negociación y el consenso. El presidente venezolano encajó la protesta más intensa desde su investidura en febrero de 1999, pero se manifestó irreductible. La oposición cobró bríos y prepara nuevas movilizaciones. 'Ya no somos escuálidos, ahora somos una fuerza telúrica', subrayó Pedro Carmona, presidente del principal sindicato de empresarios.

Carmona instó a los poderes del Estado a distanciarse del jefe de Gobierno. 'Tienen que sacudirse, levantar su independencia, reivindicarse ante la sociedad'. Los poderes del Estado responden, en mayor o menor medida, al proyecto concebido por el presidente Chávez, que el lunes prometió no ceder un ápice ante los corruptos rescoldos, dijo, del sistema bipartidista derrotado en las elecciones de diciembre de 1998. Su cántico en el mitin de la plaza de Caracas fue otra vez belicoso: 'Temblad, oligarcas, temblad'.

El presidente anunció la compra de un alicate para apretar tuercas. 'Habrá que buscar otros interlocutores que ayuden a reconstruir un clima de convivencia nacional', reaccionó Carmona. Las alusiones de Chávez a una posible revisión de contratos petroleros con el sector privado, o de los depósitos oficiales en los bancos, y su invocación al empleo de las leyes contra los medios de comunicación y empresarios que, en su opinión, las vulneran, causaron zozobra. La oposición teme el advenimiento de un periodo represivo.

'Llegan los talibanes'

'Van a entrar en el Gobierno los talibanes', dijo uno de sus portavoces. Según el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Dávila, militar retirado, el Gobierno 'no es desestabilizable. Tiene un apoyo extraordinario en el pueblo y en la Fuerza Armada Nacional'.

La promulgación de 49 decretos ley sobre aspectos esenciales de la vida económica y administrativa de un país con el 80% de sus 24 millones de habitantes en la pobreza fue la espoleta del paro que paralizó Venezuela e insufló ánimos a una oposición política todavía fragmentada.

La patronal acudirá a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y al Tribunal Supremo para exigir cambios en las leyes que, de acuerdo con sus juristas, vulneran la propiedad privada y la libertad de empresa. Las más conflictivas de estas normas son la de Desarrollo Agrario, la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de Zonas Costeras.

Las descalificaciones y estridentes modos del presidente irritan sobremanera a sus contrarios, a veces más que el contenido de sus políticas; robustecen la creciente polarización, y, progresivamente, le restan votos entre su electorado porque no se acompañan de resultados tangibles, especialmente económicos. 'El golpe del lunes le desequilibró. No estaba en sus cabales', declaró Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), enfrentada al sindicalismo oficialista, que fue vencido en las elecciones del pasado mes de octubre. 'Aquí no hay que esperar mucho tiempo para pensar en una huelga general'. Aludía a la reacción de Chávez llamando entre otras lindezas cobardes, corruptos e inmorales a los empresarios, políticos y sindicalistas que participan y organizan la huelga.

Por su parte, el ministro de Defensa, José Vicente Rangel, se manifestó convencido de que el paro fue un pretexto de los sectores pudientes más afectados por las políticas y reformas legales en curso. 'Los latifundistas, que tienen hasta 100.000 hectáreas sin cultivar, saben que ahora sí se va a aplicar la ley, no como en 1961'.

Detrás de la huelga, agregó, aparece 'un cuadro verdaderamente sombrío, donde se entrecruzan una serie de actividades desestabilizadoras, y movimientos que tratan de ganar a las Fuerzas Armadas, sin éxito, para captarlos para un golpe o cualquier tipo de aventuras'.