Imaz nombró asesora a una viceconsejera para que siguiese cobrando mientras era candidata

La viceconsejera de Comercio y Consumo, Belén Greaves, dimitió de su cargo el pasado mes de abril para cubrir la formalidad legal que le impedía ser candidata en las elecciones de mayo, pero siguió cobrando del Departamento de Industria como asesora del consejero, Josu Jon Imaz, mientras se desarrollaban la precampaña y la campaña electorales y hasta dos semanas después de los comicios. Greaves volvió a su antiguo puesto una vez constituido el Gobierno. Fuentes de Industria justificaron este tránsito y se limitaron a señalar que el departamento no incumplió la ley.

El caso de Belén Greaves viene a añadirse a la polémica levantada hace dos meses por la revelación por el PSE de que el ex consejero de Educación, Inaxio Oliveri, fue nombrado, el mismo día que dejaba ese puesto, asesor de Gabriel Inclán, responsable de Sanidad y ex compañero suyo en el primer gabinete de Juan José Ibarretxe.

La metodología en este caso fue la misma: para garantizar la percepción de su salario, el mismo día en que Greaves cesaba como viceconsejera de Comercio fue nombrada asesora para temas de comercio y turismo del titular del departamento, Josu Jon Imaz. El consejero firmó la orden de nombramiento el 7 de mayo con efectos retroactivos desde el 2 de abril, cuando Greaves dejó la viceconsejería para integrarse en la candidatura del PNV por Vizcaya.

Fuentes del Departamento de Industria consultadas ayer señalaron que la dimisión se realizó para cumplir las exigencias de la ley electoral, que convierte en inelegibles a todos los altos cargos del Ejecutivo por debajo del de consejero. Dichas fuentes reconocieron que el nombramiento como asesora se realizó 'para que [Greaves] pudiera seguir trabajando y cobrando' y encontraron perfectamente natural este tránsito. 'Se cumplió la ley y nadie puede ser más estricto que ésta', señalaron estas fuentes. Este periódico no logró hablar personalmente con la interesada.

Greaves nunca fue sustituida en su cargo de viceconsejera, que ella misma volvió a ocupar el 27 de septiembre, tras dimitir como diputada en la Cámara. El mismo portavoz del Departamento de Industria consultado por este periódico afirmó que no se la sustituyó en la viceconsejería porque 'no valía la pena colocar para dos meses en ese puesto a alguien que no sabía nada de él', lo que parece indicar que, pese a ser aspirante a diputada, Industria ya contaba con su vuelta de seguir gobernando el PNV.

El rango que se otorgó a Greaves como asesora fue el mismo que tenía: el de viceconsejera. También se le reconoció el derecho a la percepción de cesantía al término del desempeño de su función y conservó su sueldo, cifrado en 10,7 millones de pesetas brutas anuales. De acuerdo con él se le retribuyó en los casi dos meses de precampaña y campaña electoral que mediaron entre el 2 de abril y la fecha de su nuevo cese, el 28 de mayo, dos semanas después de celebrados los comicios. Del centener de cargos de confianza nombrados esta legislatura, sólo nueve tienen esta categoría.

Belén Greaves constituye, junto con Oliveri, un raro ejemplo de un miembro de un Gobierno que ha permanecido en el siguiente en un rango inferior al que tenía. Greaves fue consejera de Comercio y Turismo en sustitución de la socialista Rosa Díez, cuando el PSE abandonó la coalición con el PNV, en el mes de junio de 1998. En el siguiente gabinete, Greaves reapareció como viceconsejera, a las órdenes de Josu Jon Imaz.

El caso de Inaxio Oliveri, quien permaneció como asesor de Inclán durante un periodo de tiempo similar al de Greaves durante el verano pasado, fue revelado por el PSE durante un pleno parlamentario. A raíz de él, el PP presentó una pregunta parlamentaria al consejero de Sanidad, autor del nombramiento, que finalmente fue retirada al recibir el portavoz del grupo popular, Leopoldo Barreda, una llamada del propio ex consejero, en la que éste se explicó en privado.

Tanto populares como socialistas dijeron no querer hacer sangre del caso de Oliveri, pero los segundos presentaron una iniciativa para cambiar la ley de incompatibilidades. Ésta persigue endurecer las condiciones del acceso a los cargos públicos y controlar la actividad de sus titulares cuando se reincorporan a la actividad privada. El grupo parlamentario del PSE pidió además al Gobierno información documentada sobre la contratación de personal eventual y de confianza durante los dos mandatos de Ibarretxe.